Nicaragua: Desaparecer los jurados

Por La Prensa

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La jurista María Asunción Moreno, directora general de Postgrados y Maestrías de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), es del criterio que la figura del jurado debe desaparecer. 

Moreno se declara abiertamente anti-jurado bajo el argumento de que es una institución “viciada, sensible y fácilmente manipulable”.

“No comparto la participación del ciudadano en la administración de justicia, porque cuando se juzga a una persona, todo penalista sabe que lo hace en base a la ley y ciertas reglas que establece el procedimiento, y esto no lo conoce el jurado. ¿Cómo valorar una prueba?, (el jurado) no sabe cómo hacerlo”, expresó Moreno.

La catedrática critica fuertemente el hecho de que la ley le exige al abogado (acusador y defensor), tomar en cuenta normas técnicas y requisitos legales “para armar un procedimiento”; mientras que al jurado le dicen que se olvide de todo ese trabajo legal y de lo que dice la ley, y dejan que los miembros del jurado decidan conforme “a su conciencia”.

“La conciencia, por los resultados que tenemos, ya sabemos que es bastante manipulable y sensible, de tal forma que (el jurado de conciencia) rompe con el esquema de la legalidad”, opina.

Para Moreno, la figura del jurado de conciencia es una de las instituciones “que contribuyen a que la imagen de la justicia no sea tan buena”.

Para Moreno este sistema es tan vulnerable que con el Código de Instrucción Criminal (In), recuerda que un vecino suyo fue electo miembro de jurado tres veces en una misma semana, lo que la hace dudar de la efectividad de la elección de los jurados.

“Yo le llamaba el jurado profesional. ¿Cómo salía (electo)?, no sé. Tenía mucha suerte o el sistema estaba malo. Se ganó 100 pesitos en cada uno”, expresó.

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Desaparecer los jurados
Por Ary Neil Pantoja

Diario La Prensa de Nicaragua
10 de agosto de 2003

Nicaragua: Jurados enfrentan problema cultural

Por La Prensa

 

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Los abanderados del sistema de jurados recuerdan que, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal (CPP), la figura del jurado cobra mayor relevancia. Así, la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños, reconoció que existen debilidades de carácter cultural en este sistema.

 

El hecho de que varios miembros del jurado se acerquen a felicitar a un acusado cuando han dictado un veredicto de inocencia a su favor, para Bolaños no es más que un problema cultural.

 

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La Prensa de Nicaragua
Jurados enfrentan problema cultural
Por Ary Neil Pantoja
10 de agosto de 2003

España: Un proceso marcado por el miedo del jurado popular

Por El Mundo

El Mundo.es

 

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SAN SEBASTIÁN.- Mikel Otegi Unanue ―acusado de matar a dos ertzainas en Itsasondo― fue puesto en libertad el seis de marzo de 1997 después de que un jurado popular lo absolviera de los delitos de asesinato que se le imputaban, al considerar que el joven no era «en absoluto» dueño de sus actos cuando disparó contra los agentes. Meses más tarde, huyó cuando el Supremo anuló este juicio y ordenó su repetición.

Otegi, miembro de la Gazte Asanblada, un grupo dependiente de Jarrai, había acudido la noche anterior a los hechos juzgados a un concierto organizado por ellos. Por la mañana, mantuvo una discusión con un ertzaina de paisano en el bar al que había ido a desayunar y, poco después de llegar a su casa, se presentó allí un coche con dos miembros de la Policía Autónoma. Creyendo que iban a detenerle, cogió una escopeta y disparó contra ellos.

En su día, el dirigente abertzale Karmelo Landa respaldó al joven radical y enmarcó los hechos dentro del «clima de tensión que se vive en Euskal Herria».

El jurado emitió su veredicto, según el cual «Mikel Otegi Unanue ha sido declarado no culpable de los delitos de asesinato en concurso con atentado por no ser en absoluto dueño de sus actos en el momento de cometer los hechos».

El veredicto fue dado a conocer por una agente judicial, ya que los miembros del tribunal pidieron que la lectura del mismo se hiciera a puerta cerrada, sin la presencia de los familiares de ninguna de las dos partes. También pidió que se destruyeran todas las actas y documentos donde figuraran sus nombres.

Es más, los jurados solicitaron que en la sala ni siquiera hubiera agentes de la policía autónoma vasca. De esta forma, comunicaron su veredicto únicamente ante la presencia del juez, José Luis Barragán, el fiscal, los letrados de la acusación y la defensa, y Otegi.

Jurado secreto

Los abogados y el fiscal ni siquiera facilitaron los datos sobre la votación del jurado, si bien la ley establece que para absolver al inculpado tiene que haber como mínimo cinco de los nueve votos emitidos. La acusación y el Ministerio Fiscal podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Una nota hecha pública por la consejería de Interior del Gobierno vasco desvela que fueron cinco los miembros del tribunal popular que votaron a favor de la absolución y cuatro, los que se opusieron.

El abogado de la acusación particular, José Ricardo Palacios, y el fiscal, Luis Navajas ―visiblemente afectado― no quisieron hacer ningún tipo de declaración tras conocer la decisión del tribunal popular, compuesto por ocho mujeres y un hombre. Tampoco el letrado de la defensa, Miguel Castells, hizo ninguna manifestación, salvo ratificar, a las puertas de Martutene, la libertad de su defendido.

Precisamente, el carácter político que desde algunos sectores se ha querido dar a este juicio y el posible miedo de los jurados ha rodeado esta vista oral. Y es que Mikel Otegi ha sido vinculado al mundo de la izquierda abertzale, por lo que el alto número de excusas presentado por los candidatos a formar el tribunal popular de este caso ―19 de las 36 personas elegidas por sorteo en un principio presentaron alegaciones― ha sido interpretado como una señal de miedo, que ha llegado a poner en entredicho la propia Ley del Jurado por ciertos sectores de la judicatura y la abogacía.

Mikel Otegi Unanue, de 24 años de edad, estaba acusado de matar de sendos disparos de escopeta a los ertzainas Iñaki Mendiluze Etxeberri, de 26 años, y José Luis González Villanueva, de 34, el 10 de diciembre de 1995 en el caserío familiar Oteizabal. El Ministerio Fiscal imputaba a Mikel Otegi dos delitos de «asesinato» y uno de «atentado contra agentes de la autoridad», por los que en sus conclusiones definitivas solicitaba 55 años de prisión para el joven, teniendo en cuenta que en el momento de apretar el gatillo tenía su responsabilidad entre «ligera» y «medianamente» atenuada.

Libre absolución

El abogado defensor, Miguel Castells, insistió en todo momento en que Mikel Otegi no tenía control sobre sus actos cuando disparó contra los ertzainas y pidió la libre absolución para su representado.

Cuando Otegi y sus familiares salieron de la penitenciaría rumbo al caserío Oteizabal, pudieron oirse gritos de «hijos de puta» y «asesinos», provenientes tanto del interior de la prisión de Martutene como de algunos de los coches que formaban la comitiva de acompañamiento del joven.

 

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El Mundo

San Sebastián - España

22 de febrero de 2003