6/5/19

Buenos Aires: Frustrante postergación de juicio por jurados en Morón

Por Primer Plano Online

Primer Plano On Line
Noticias Zona Oeste (Morón, Ituzaingó, Hurlingam)
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Extractos:

Frustrante. Primer Plano Online fue el único medio presente en el mediodía de hoy en los Tribunales de Morón y, lamentablemente, no puede relatar el inicio del caso por el crimen de Iago Ávalos en Hurlingham. Se trata del adolescente de 17 años que murió tras ser perseguido por 20 cuadras por el subcomisario de la Policía Federal José Ernesto Pérez Buscarolo, tras haber detectado que el muchacho, con un amigo, le estaban hurtando las tazas de las ruedas de su auto en las puestas de la casa en que vivía.

El motivo por el cual el juicio por jurados no pudo comenzar es que otra vez el tribunal popular no logró conformarse. De vuelta no se llegó a reunir los 12 titulares y 6 suplentes para dar inicio a las jornadas, que se prevé serán cinco en total, para dirimir lo sucedido aquel mediodía del 12 de mayo de 2017.

En exclusivo, este medio conversó con la jueza Andrea Bearzi, responsable de orientar las jornadas. “No tenemos acuerdo de las partes en cuanto al número de jurados. Si bien la Suprema Corte prevé que con 14 jurados se podría haber hecho, como tenemos cinco jornadas, si se enferma algún titular es necesario contar con los suplentes. En estos casos en donde no se llegó al número necesario, está previsto en la ley un sorteo extraordinario, que es lo que vamos a hacer”, explicó la magistrada.

En rigor, hoy hubo 13 impugnaciones de ambas partes y no alcanzaron los ciudadanos seleccionados para constituir el jurado. En primera instancia fue la propia magistrada la que determinó que dos mujeres, madres de hijos de corta edad que no tenían con quien dejar a sus chicos, quedaban afuera de la responsabilidad. Otro hombre se tenía que operar en esta misma semana, un cuarto caso es el de una abuela cuyo nieto está internado en estado delicado.

“No diría que es un fracaso del sistema sino que es muy difícil, porque la gente no sabe bien de qué se trata. Por ahí las personas que notifican no están preparadas para explicar cuáles son las circunstancias. Nos falta aprender mucho, porque hay un enorme desconocimiento de la institución del juicio por jurados”, agregó Bearzi en diálogo con Primer Plano Online.

En torno a las impugnaciones que hubo de ambas partes, tanto de la familia de la víctima como de parte del funcionario policial imputado, la jueza lo consideró como algo “normal, eso pasa porque las partes quieren asegurarse el triunfo”. “Pero yo tengo que velar por el respeto del ciudadano, que deja sus cosas para venir a cumplir con esta carga pública. Debemos confiar en la honorabilidad de las personas”, concluyó la magistrada.

La decisión es que se hará una convocatoria extraordinaria para dar inicio al debate, que está previsto para el próximo 22 de mayo.


INFORME EXCLUSIVO: Una vez más se postergó el inicio del juicio por el caso de gatillo fácil en el que murió Iago Ávalos porque no llegó a conformarse el tribunal popular
Por Primer Plano On Line Sociedad

Primer Plano
6 de mayo de 2019

28/4/19

Buenos Aires: Los fiscales también critican el juicio por jurados

Por El Eco de Tandil

Diario El Eco de Tandil
Tandil - Provincia de Buenos Aires
Argentina

Extractos:

Este Diario accedió en exclusiva a un documento interno de fiscales locales que critican la implementación del juicio por jurados. Se hizo un relevamiento en que queda en evidencia que la gran mayoría de los ciudadanos elegidos terminan condicionados, muchas veces por el temor a tener que emitir un veredicto. Las falencias de infraestructura y los costos del sistema. “El juicio por jurados es una ficción en la que ya no importa la verdad”, se señala con crudeza.

En efecto, con la firma de los doctores Ginés Sebastián ArteroLuis Humberto Piotti y María Cecilia Rimoli, integrantes del Ministerio Público Fiscal de Tandil, el extenso documento señala, entre otras cuestiones, las desventajas de la modalidad, tomando como referencia los propios resultados de los debates realizados bajo estas características, estadísticas, y relevamiento realizado a los propios operadores de la justicia penal, como a aquellos ciudadanos que fueron protagonistas de uno de los debates realizados.

Las desventajas

Al decir del informe, las dos desventajas más significativas son la mayor probabilidad de llegar a absoluciones que no se compadecen con una adecuada valoración de las pruebas del juicio (mayor impunidad) y el derroche de recursos.

En uno de los párrafos, se subraya que “es evidente que el temor de los jurados, su mayor dificultad para comprender las circunstancias específicas del juicio, las condiciones edilicias que constriñen su actuación, la rigurosidad de votos afirmativos requeridos para la culpabilidad y la desigualdad de facultades recursivas de las partes, construyen un grupo demasiado importante de condiciones favorecedoras de aquella tendencia irrebatible hacia la absolución”.

Se sostiene que “si bien el concepto de verdad es relativo, un eje central al menos consensuado y lo suficientemente inamovible en su época es necesario para que la sociedad avance. A partir de él podemos valorar entonces en cuanto se alejan o acercan los distintos sistemas que procuran su búsqueda y es así inevitable entender que cuando se perciba fácilmente que la mayor medida de absoluciones esté respondiendo a un mecanismo alejado del rigor necesario para una correcta reconstrucción histórica, crecerá el descreimiento hacia las instituciones judiciales y la misma ley, afectando de lleno a la seguridad jurídica”.

“Este fenómeno –añade el informe- no sólo es contrario al sentimiento de la comunidad que hoy advierte el desorden y pretende una más implacable actuación de la ley penal sino también al del mayor número de víctimas o familiares que se verán imposibilitadas de obtener su recomposición”.

Para los fiscales, es evidente que el ciudadano común no está preparado para posicionarse a unos cuatro metros del imputado (en algunos casos menos) y hacerle saber que votará para que vaya preso. “Quienes hayan trabajado en la Instrucción saben muy bien la dificultad que ya hay que afrontar con testigos remisos a prestar declaración, aún sobre circunstancias no directamente cargosas para el imputado, por lo que es fácil entonces derivar cuál será el posicionamiento anímico al tiempo de votar”. De hecho, este problema del jurado fue también de las objeciones más presentadas en la encuesta realizada.

Al respecto se señala que se conocen casos en que ciertos participantes estaban asustados al tiempo de ir a dar el veredicto cuando agrupaciones feministas habían presionado con cánticos en defensa de la imputada, a pesar de que declaraban la no culpabilidad del homicidio por el que había sido acusada (la condena fue por lesiones gravísimas); otros que han llorado al desagotar la tensión una vez terminado el juicio; y presidentes que no se atrevían a leer el veredicto. “Y conocemos también absoluciones en caso de criminales o contextos peligrosos a pesar de contarse con prueba abrumadora de cargo”.

Otro de los aspectos importante que destacan es el número de votos requeridos para la culpabilidad.

Se alude a que el sello de doce votantes implica darle al imputado la certeza de que todos los integrantes del cuerpo opinan de su culpabilidad, circunstancia que a la vista de los jurados poco es diluida por la condición de que en ningún lugar consten sus nombres y apellidos, tal como lo exige la ley.

El problema naturalmente se hace más relevante cuando se trata de habitantes de la misma ciudad que el acusado (aspecto más gravitante en el interior de la provincia). “Es muy difícil admitir que doce ciudadanos, simultáneamente, vayan a atreverse a votar en esas condiciones contra delincuentes peligrosos o integrantes de bandas organizadas para el crimen o el narcotráfico, y así lo ha reconocido expresamente la mayoría de los miembros de jurado entrevistados”.

Desde el Ministerio Público local remarcaron en el informe que “la mayor impunidad lleva entonces a la paradójica consecuencia de que los delitos más graves (competencia del jurado), los de mayor repercusión pública, aquellos que debieran ser más delicados a la hora de juzgarse, sean los que ahora quedan en la dimensión de una falta de sanción mucho más real. El estudio procesal de siempre ha lidiado por encontrar sistemas que eviten los perjuicios de una pena temprana en delitos de poca monta, y ahora sin quererlo, hemos pasado al extremo opuesto en que los institutos que encontramos llevan lo que era objeto de esa pretensión a las acciones de mayor daño público”.

Costo de implementación

Otros de los aspectos que se abordan como crítica al sistema implementado es el mayor derroche de recursos humanos, de tiempo y económicos, que significa este sistema de juicio. Jornadas interminables y fatigosas, pagos a los asistentes, vehículos y transportes para asegurar el comparendo al juicio, viáticos, labor inconmensurable de notificación y garantía de asistencia, reformas edilicias, disposición de mobiliarios, equipos técnicos, recursos para adiestramientos, nombramientos para todas estas funciones y en ciertos casos para mejor asistencia de los operadores durante el juicio, entre otros.

Esto sin mencionar además los trastornos económicos que se multiplican ante la eventual suspensión de los juicios. Es común en la administración pública que el uso de los recursos no tenga una salida racional.

“En Tandil por ejemplo recién hemos ocupado, en forma parcial, un edificio que está en construcción desde 1997 pero que sin embargo cuenta con un elevador para el único piso superior. Lo económico aunque cueste entenderlo, como cuestión intrínseca a toda realidad humana, es fenómeno a tener en cuenta al tiempo de disponer la organización de las instituciones, y aquí particularmente de lo Judicial. Esto es un aspecto en principio exclusivamente ligado no ya a la resolución del caso, sino al interés del ciudadano común por la dirección en que se invierte el sacrificio con el que ha colaborado a formar el erario, sin importar se trate de erogación del presupuesto de uno u otro poder. Sin embargo repercute también en la labor cotidiana de fiscales y defensores, recursos humanos que necesariamente se ven movidos a relegar la atención requerida para el resto de los casos”.

En ese mismo sentido, el Informe del Ministerio de Justicia provincial del año 2015 ubica la duración de los juicios en una a cuatro jornadas. Sin contar los gastos estructurales que al comienzo de este punto se mencionan, de información recogida acerca del Departamento Judicial Azul sobre conceptos atinentes a transporte, alojamiento, retribución y refrigerio, a los que hubo que adicionar un estimativo por viáticos de choferes oficiales y consumo de combustible, se llega a una suma total aproximada de 120.000 pesos como mínimo para cada juicio por jurados. A su vez debe tenerse en cuenta el ahorro (cuando no también los riesgos) que produce la propia colaboración de personas citadas que aceptan trasladar a otras de su misma ciudad.

“Lo peculiar, tal como ya lo ha hecho notar el doctor Carlos P. Pagliere (h), juez de Azul (Blog. “Argentina sin Juicios por Jurado”), es la cercanía de esa cantidad de dinero con el sueldo de un juez de primera instancia. Tomando esa referencia se aprecia que la provincia está pagando para sólo un debate la remuneración completa que a la par asigna a la labor que un magistrado lleva a cabo resolviendo multitud de conflictos penales durante un mes completo”.

“Llama la atención –se sigue– que todas estas situaciones en su conjunto hayan sido pasadas por alto para un país o provincia como los nuestros, en que abunda la pobreza, donde a diferencia de aquellos otros que tan fácilmente se colocan como ejemplos a seguir, falta la más mínima estructura de contención económica, y los reclamos de juicios más rápidos y una más firme actuación de la ley penal contra el flagelo de la inseguridad son base de la preocupación popular”.

Falencias

Se enfatizó que en las fiscalías locales “faltan impresoras o tinta para el funcionamiento de las existentes; faltan resmas de papel; los gastos menores se llevan a cabo por parte de los titulares, o por el propio personal que aporta desde abrochadoras hasta auriculares para realizar escuchas telefónicas o grabadoras y filmadoras para diversas diligencias, entre ellas la cámara gesell; la movilidad se efectúa con vehículos personales; se tienen oficinas de 9 metros cuadrados abarrotadas de papeles o efectos y compartidas por dos personas, entre ellas fiscales; no hay insumos para pericias, debiéndose priorizar lo urgente o dilatar enormemente los resultados; una pericia de ADN puede demorar un promedio de 3 a 4 meses; falta presupuesto para médicos de policía, obligando entre otros problemas al traslado de víctimas para revisación o cuerpos para autopsia a otras ciudades; las morgues carecen de equipamiento necesario y los elementos son suplidos por servicios de salud pública o por aportes del propio bolsillo de los profesionales; falta tecnología y capacitación para investigación de delitos informáticos, sólo dos centros en la provincia atienden ciertas complejidades de este tema, con las consecuentes demoras, gastos de recursos y riesgo de pérdida de la prueba. Por faltar condiciones que garanticen la habitabilidad, hace unos doce años que los calabozos de las comisarías de Tandil están clausurados”.

En ese orden, se afirmó que “los problemas económicos no debieran verse ajenos al instituto mismo sino estudiarse, como decimos, en torno a una constante consideración de la realidad y los recursos disponibles, sin atarse a argumentaciones irrealizables.

Para cerrar se mencionó un estudio publicado durante el año 2003 por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Juicio por jurados: Un examen desde el derecho comparado”, en el que se concluye que quienes se pronuncian en contra del juicio por jurado además de observar en general mayor exposición del jurado respecto a los jueces profesionales a peligros que pueden viciar su actuación; que está menos protegido frente a amenazas, es más sugestionable y permeable a influencias de medios o profesionales, le falta preparación y experiencia en materia probatoria, lo que trae más injusticia con el consecuente mayor peligro de inseguridad jurídica y de afectación de garantías constitucionales; indican el alto costo de implementación; todas razones que en Europa ha llevado a ser sustituido por el sistema escabinado.

Conclusiones

A modo de conclusión del informe que fue distribuido por distintos estamentos del Poder Judicial, se indicó que el juicio por jurados ha sido traído en un contexto político que visto en perspectiva y desde el cristal de hechos de público conocimiento, podría contener intereses ajenos a la verdadera utilidad del instituto como mecanismo de resolución de los conflictos penales”.

Asimismo se agrega que “la instauración con mero ajuste a normas constitucionales de casi dos siglos de antigüedad, ha pasado por alto su carácter de programáticas, al ser indiferente al momento cultural actual, las necesidades y recursos de nuestro pueblo. Para sostenerlo se han enunciado misiones políticas que el instituto no cumple en los hechos, como la necesidad de proveer a la seguridad, y argumentos contradictorios o desaprensivos de la realidad, en su mayoría expresados mediante conceptos ligados a la estructura republicana y democrática de gobierno, con títulos impactantes y difíciles de contradecir en principio, pero que no han significado más que fundamentaciones aparentes”.

Los fiscales dijeron que la implementación “ha generado inconvenientes fáciles de prever, como una mayor absolución de casos que merecían sanción penal, y ha significado un derroche de recursos que podían dirigirse a necesidades más cruciales en la labor de afianzar una justa aplicación de la ley penal”.

Se concluye en que “el juicio por jurados es una ficción en la que ya no importa la verdad, que se desentiende de si lo que da por probado ensambla o no con la realidad, y que valora sólo lo que se quiere que ella sea. La prueba se considera intuitivamente y ya no desde el pensamiento. Los problemas que trae aparejados son producto de nuestra tozudez en querer convalidar un sistema decaído que hoy se intenta vestir con nuevo ropaje y que evidentemente ningún beneficio acarreará”.

Paradójicamente, cierra el texto, “en la ingenua pretensión de afianzar la Justicia y con ello la República, implantamos un sistema que crea sus propias normas y valores, por fuera de la anhelada legalidad pedida en nuestra Constitución Nacional”.


Un informe de los operadores judiciales locales critica la implementación del juicio por jurados
Por El Eco de Tandil

El Eco de Tandil
28 de abril de 2019

24/1/19

EE.UU.: Un jurado condena y después se retracta

Por ABC Internacional

ABC Internacional
España

Extractos:

Un miembro del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar de un triple crimen se ha retractado de su su decisión. Según informa la asociación contra la pena de muerte que lleva el nombre del español, su defensa ha sabido que a las 8.35 de la mañana de este martes 22 de enero, una persona integrante del jurado, cuya identidad se desconoce, se puso en contacto con el juzgado del juez Bayley y comunicó su decisión de retractarse de su decisión de apoyar el veredicto de culpabilidad de Ibar.

Por este motivo, este miércoles, sobre las 11.00 (hora de Florida), los letrados de Ibar han presentado una moción para pedir que se reanuden las deliberaciones del jurado.

El jurado estaba formado por doce personas, ocho mujeres y cuatro hombres. Estuvo deliberando durante tres días en una sala de los juzgados de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, donde se celebró el juicio. 

Texto íntegro de la moción de la defensa de Ibar

Este es el texto íntegro de la moción que, según la citada asociación, ha presentado la defensa:

«EL ACUSADO, PABLO IBAR, a través de su asistencia letrada abajo firmante, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.757 del Código Procesal Penal de Florida, por la presente presenta esta moción para que el Tribunal revele la identidad de la persona integrante del jurado que se comunicó con el Tribunal y/o con su personal administrativo el 22 de enero de 2019, así como su moción para entrevistar a dos miembros del jurado, a saber, el que se puso en contacto con el Tribunal deseando repudiar su veredicto y con el miembro suplente del jurado Sr. Black, y su moción para conseguir más deliberación. En apoyo de lo cual, el Acusado declara lo siguiente:

Persona integrante del jurado desconocida

1. El 22 de enero de 2019, aproximadamente a las 8:35 a.m., una de las personas integrantes del jurado se puso en contacto de forma inmediata y se retractó de su veredicto.

2. Es importante señalar que este contacto llega en la primera oportunidad disponible después de que el jurado se ausentara del Tribunal el pasado sábado 19 de enero de 2019. (**NOTA: Tras abandonar el tribunal el sábado por la mañana, las dependencias del Tribunal no volvieron a abrir hasta el martes 22 de enero de 2019 a las 8:30 a.m.).

Esta persona integrante del jurado llamó por teléfono 5 minutos después de la apertura. El lunes era festivo en Florida).

3. El Tribunal inmediatamente notificó tanto a la defensa como a la fiscalía, pero no proporcionó la identidad de la persona integrante del jurado.

4. La forma en que se produjeron las deliberaciones (el jurado solicitó terminar antes de tiempo el Viernes por la tarde porque estimaban que no podían deliberar más, pero entregaron un veredicto tras solo 5 minutos de deliberación el sábado), combinada con la retractación del este/a integrante del jurado, lleva a la presunción razonable de que el veredicto pueda ser jurídicamente cuestionado por haber sido resultado de una influencia externa impropia y/o porque el jurado no haya acatado las normas de deliberación.

Jurado Suplente Black

5. Tras el inicio de las deliberaciones, el jurado suplente Sr. Black, un empleado de la Oficina Administrativa del Tribunal de Broward County, se encontraba trabajando en una suplencia de labores administrativas con el Juez del Condado Gottlieb cuando Ashley Kay, abogada que ha formado parte de este caso, empezaron a hablar el caso que se estaba juzgando con el Juez Gottlieb sin percatarse de la presencia del Sr. Black.

6. Al hablar de las probabilidades de éxito, el Juez Gottlieb mencionó que Ibar había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones. Esta afirmación fue rápidamente corregida por la Sra. Kay.

7. Fue en este momento en que el Sr. Black dio cuenta de su presencia y se identificó como jurado suplente.

8. Cuando la Sra. Kay pidió perdón, el Sr. Black respondió afirmando que “no pasaba nada” y que “no era nada que no supiera ya.”

9. Durante el juicio no se hizo mención alguna a que el Sr. Ibar hubiera sido condenado con anterioridad, y el Sr. Black no reveló ninguna información sobre la historia procesal de este caso durante la selección del jurado, por lo que queda claro que el Sr. Black había sido expuesto a una fuente externa de influencia durante la duración de este juicio.

10. Este tribunal debe permitir una entrevista con el Sr. Black para determinar hasta qué punto y en qué momento había sido expuesto a esta información prejudicial ajena al procedimiento en curso.

Deliberaciones posteriores

11. Tras concluir las entrevistas con estos dos integrantes del jurado, el Tribunal debe anular el veredicto y permitir que el jurado prosiga deliberando sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.

POR TODO ELLO, el acusado solicita respetuosamente que el Tribunal revele la identidad del jurado mencionado, permita la entrevista del jurado cuya identidad se desconoce y del Sr. Black, y tras la conclusión de la(s) entrevista(s), permita que el jurado prosiga deliberando sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado en este caso».

Nota del editor: Dictar un veredicto condenatorio y retractarse después pone en vergüenza a la justicia, habla de la irracionalidad e inmeditación del juzgamiento y exhibe la falta de seriedad del juicio por jurados.


Un miembro del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar se retracta de su decisión
Por M. Trillo / Javier Ansorena
@manueltrillo

ABC Internacional
24 de enero de 2019