Panamá: En crisis la institución del jurado de conciencia

Por Panamá América

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El magistrado del Segundo Tribunal Superior, Andrés Almendral, reveló que la institución del jurado de conciencia se "encuentra en crisis" y que en las próximas semanas se pondrá en ejecución un plan para que los ciudadanos presten este servicio de manera voluntaria.

Almendral aseguró que los empleadores no quieren ceder a sus empleados para que participen como jurados de conciencia en los juicios por homicidio, bajo el alegato de que el tiempo a servicio del tribunal se traduce en pérdidas para sus negocios.

Explicó que se abrirá un proceso de inscripción voluntaria para las personas interesadas en fungir como jurados de conciencia, ya que en la actualidad la Corte sólo tiene acceso a un listado de 3,317 personas calificadas para actuar como jurado y que ello provoca que algunos lo hagan en más de una ocasión.

Planteó que esta situación provoca que algunas personas se conviertan en "casi abogados" y que ya no actúan en base a su conciencia, sino en consideraciones de tipo jurídica y ello desnaturaliza su función.

Sostuvo que en un momento dado podría llegarse a la situación de tener que usar algunos funcionarios del Organo Judicial como jurados de conciencia, ya que esto no está prohibido por la ley, pero que los magistrados han evitado llegar a estos extremos para evitar suspicacias.

Entre los requisitos para actuar como jurado de conciencia se encuentran saber leer y escribir, no tener antecedentes penales, ser una persona de reconocida honorabilidad y ser mayor de 21 años de edad y menor de 60.

El magistrado detalló que en la actualidad se están celebrando un promedio de dos a tres audiencias diarias en donde se requiere la participación de un promedio de siete jurados de conciencia, que son sorteados de la lista de la Corte y que deben ser ubicados en sus respectivos trabajos para permanecer entre uno a dos días en el tribunal.

Algunos juristas han planteado la necesidad de eliminar los jurados de conciencia, bajo el argumento de la falta de objetividad por la difusión dada a los hechos criminales a través de los medios de comunicación.

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República de Panamá

21 de mayo de 2000