Por La Nueva
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| La Nueva - La Nueva Provincia Periódico de Bahía Blanca Pcia. de Buenos Aires Argentina |
Extractos:
Solo pueden ser sometidos a juicios por jurados los acusados de delitos con penas que superan los 15 años de prisión, como homicidios, violaciones o robos con armas. Por ese motivo, menos del 5% de todos los debates que se realizan son populares.
Desde que se puso en marcha el sistema, a principios de 2015, en el Departamento Judicial Bahía Blanca se realizaron 50 juicios bajo esta modalidad (43 en Bahía y 7 en Tres Arroyos) -además de los que se suspendieron por distintos motivos y también insumieron gastos-, para lo cual el Estado provincial debió destinar más de 4 millones de pesos a fin de cubrir los gastos de los civiles que son seleccionados para tomar parte.
Traslado, comida, eventualmente alojamiento y la retribución de los jurados que no son empleados en relación de dependencia, que hoy es de 2.300 pesos diarios (equivale a dos jus, que es la unidad arancelaria judicial) es la erogación directa que debe afrontar la Suprema Corte de Justicia con cada juicio por jurados que, en promedio, tienen una duración de dos jornadas.
A eso se tienen que sumar lo indirecto, como la cobertura de seguridad, las notificaciones de los jurados (son 48 para definir a los 18 que finalmente intervendrán, 12 como titular y 6 suplentes) y viáticos de choferes y personal de Administración de Tribunales cuando los juicios se hacen en Tres Arroyos, donde no existe una oficina de esa dependencia.
“Además hay que tener en cuenta que a Bahía, donde se desarrolla la mayoría de los juicios, vienen cada vez más jurados de la zona, porque en el caso de las notificaciones se observan más cambios de domicilios en nuestra ciudad que en localidades de la región. Es decir que es más fácil localizar a un jurado en la zona que en nuestra ciudad”, explicó una fuente judicial.
“Hay personas que, por más que sea una carga pública, deciden no concurrir. Muchas veces se sortean más de 100 candidatos para llegar al número exigido de ciudadanos notificados”, dijo otro vocero.
Acá también está presente la grieta
Según los números oficiales informados a La Nueva. por la dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense -ratificados por fuentes judiciales locales-, sólo en este departamento judicial se han destinado -al menos- 4.098.451,31 pesos para los juicios por jurados desarrollados desde 2015, lo que hace un promedio de 67 mil pesos por cada uno.
Sería cerca del 25% de la erogación de toda la provincia (más de 16 millones de pesos) si se proyectan los mismos gastos y una cantidad global de 239 debates, aunque este dato es estimativo.
En Bahía, con lógica aplicación de los picos de inflación, en el primer año (2015) se destinaron poco más de 28 mil pesos por juicio; en el segundo, 42.200 pesos y entre 2017 y el corriente, unos 80 mil.
Es solo un dato informativo. Para algunos no significativo, para otros muy costoso. El problema es que al sistema, desde su concepción, también lo divide una grieta.
Están quienes lo defienden y aseguran que no es oneroso, porque apenas insume el 0,01% del presupuesto, mientras que de la otra vereda opinan lo contrario y creen que un solo peso aportado a los juicios por jurados es plata tirada a la basura y que esos más de 4 millones de pesos se podrían haber destinado a otras prioridades del sistema de justicia tradicional, como infraestructura y mejorar las condiciones laborales de los empleados.
“Es el más caro de todos los sistemas”
El juez en lo Criminal de Azul, Carlos P. Pagliere (h) es una de las referencias de la oposición al sistema alternativo de juzgamiento.
De hecho, es director, autor y editor del blog que lleva el nombre “Argentina sin Juicios por Jurado”.
En una de sus columnas, asegura que el juicio por jurados “es el más caro de todos los sistemas de juzgamiento existentes”.
En principio, considera un gasto “base” los simulacros publicitarios, el material instructivo y el personal para poner en marcha el mecanismo), así como la adaptación de las salas de audiencias y las oficinas para las deliberaciones, que en el caso de Bahía no fue necesario porque la del quinto piso de Estomba 34 es amplia.
Entre lo que llama gasto “oculto” figuran las notificaciones de no menos de 48 jurados por cada debate, que hay que duplicar en el caso de que no se presenten (algo que sucede con regularidad) y toda la infraestructura para llevar adelante cada juicio.
En un tercer escalón ubica el gasto “visible”, que es la inversión propiamente dicha para la audiencia.
La ley establece, como compensación diaria, una suma de dinero para cada jurado equivalente a dos jus (unidad de medida que calcula el valor del servicio profesional), que hoy está fijada en 1.150 pesos.
“Siendo 18 los miembros del jurado (12 titulares y 6 suplentes) se produce una erogación extra de aproximadamente un sueldo mensual de juez por cada juicio que se realiza. Es decir, por la misma suma de dinero que un juez realiza varios juicios orales, el jurado solo realiza uno.
Pero el sueldo del juez no se ahorra: tan solo se suma el gasto del jurado”, explica Pagliere.
“El gasto extra de un barrio de viviendas”
Al menos hasta fines de 2012, cuando escribió una columna en su blog, Pagliere comparaba el gasto extra que debe absorber la Provincia por los juicios por jurados con el “costo de un barrio de 100 viviendas”.
“Es decir, 100 nuevas familias cada año podrían tener vivienda propia si se ahorrara en juicio por jurados”, advertía.
Según Pagliere, muchos justifican el costo en función del beneficio, pero “¡ahí está el problema!...”
“El juicio por jurados, encima que es caro, es inmensamente peor. Se paga más para perder calidad en la justicia penal. Cada peso que se invierte en juicio por jurados es un peso tirado a la basura o al inodoro”, grafica.
En dos aspectos observa el juez de Azul pérdida de calidad en la administración de justicia: Por un lado, en que el jurado popular es más proclive al error judicial que el juez letrado y, por otro, que en el afán de ahorrar dinero y acotar días de juicio, se desarrollan jornadas muy extensas y agotadoras, con el riesgo de provocar cansancio y falta de concentración en el jurado, en medio de semejante responsabilidad.
“Todo contribuyente que pague más por algún servicio (en este caso, el servicio de justicia), pretende obtener algún beneficio. Lejos de obtener alguno, con el juicio por jurados el ciudadano recibe 10 perjuicios, más otros 10 perjuicios y además colapsa la administración de justicia”, sostiene Pagliere.
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Por Redacción La Nueva. / info@lanueva.com
La Nueva
8 de octubre de 2018
