Por La Nueva.
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La Nueva. - La Nueva Provincia
Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
Argentina |
Extractos:
En 2015 se implementó el sistema de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires y desde sus inicios no para de generar controversias.
Por un lado, la aparición de una “grieta” (por utilizar un término de moda) entre los defensores a ultranza del modelo, que lo ven como una democratización de la justicia, y los opositores, que lo tildan casi como “una aberración jurídica”.
Ya en nuestra ciudad, fue tema de debate la llamativa cantidad de absoluciones registradas a través del mecanismo, alcanzando claramente los porcentajes más altos en todo el territorio bonaerense.
Desde un sector señalaron un deficiente desempeño de la acusación como el desencadenante, mientras que del otro lado del mostrador, entre algunas otras consideraciones, aseguraron que el número de votos que se requieren para alcanzar una condena (10 de 12 o la unanimidad en el caso de las perpetuas) es alto y debería modificarse.
En la actualidad esa brecha desapareció y los veredictos condenatorios y de inocencia se dividen en partes iguales.
Sin embargo, en los últimos tiempos apareció otro problema clave para el desarrollo de este tipo de debates: la conformación del jurado.
Cuatro juicios debieron suspenderse en lo que va del año y la gran mayoría sufre retrasos de una o dos jornadas en su inicio ante la imposibilidad de reunir a los 18 ciudadanos que se necesitan para llevarlo adelante.
Ser jurado es una carga pública, para la que están habilitadas las personas de entre 21 y 75 años.
Cada año se elabora un listado de candidatos, quienes tienen documentos de identidad con las terminaciones sorteadas en la sede platense del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia. En 2017 fueron los números 428 y 939.
De acuerdo al sistema legal bonaerense, el listado debe quedar conformado con una cantidad equivalente a un ciudadano por cada mil bonaerenses en condiciones de ser jurados y, para este año, fueron alcanzadas unas 12 mil personas.
El número para el Departamento Judicial Bahía Blanca es de 700, pero, de acuerdo a un relevamiento realizado por “La Nueva.”, no es suficiente para cubrir la demanda.
Inconvenientes para notificar a los candidatos, presencia en las listas de personas que no pueden cumplir esa misión o la falta de interés en participar son algunas de las causas que determinan esta falencia.
Una misión casi imposible
La tarea de organización de un juicio por jurados comienza 40 días hábiles antes del mismo. Los secretarios de los tribunales deben hacer un sorteo utilizando un software proporcionado por la Corte Suprema y generar un listado de personas convocadas para la audiencia de selección del jurado.
Posteriormente elaboran las notificaciones, para que sean entregadas a los destinatarios por el personal de la Oficina de Mandamientos y de los Juzgados de Paz de las distintas localidades que integran la jurisdicción.
Allí se produce el primer problema: muchas veces el domicilio de la persona elegida no es el correcto; el candidato falleció; se mudó o no pudo ser localizado.
En casos excepcionales no se especifica la calle o la altura de donde vive el potencial jurado, por lo que resulta casi imposible localizarlo.
Más aún, se han encontrado en el listado con policías o militares, que están exceptuados de participar.
Por último, es importante la cantidad de personas que no concurren, por lo que en muchas ocasiones las audiencias de selección, en las que tendría que haber 48 personas, se hacen con menos de la mitad.
“Hay personas que, por más que sea una carga pública, deciden no concurrir. Muchas veces sortean más de 100 candidatos para llegar al número exigido de ciudadanos notificados”, dijo una fuente tribunalicia.
Esta situación, sumada a las recusaciones que por ley pueden realizar las partes (4 sin causa), determinan que en reiteradas ocasiones no se alcance el número necesario para conformar el jurado (12 titulares y 6 suplentes, en igual cantidad de hombres y mujeres) y la irremediable suspensión o postergación.
Ese panorama, y la limitada cantidad de personas habilitadas, provoca que algunos ciudadanos sean convocados más de una vez en un año para ser jurado.
Distancias y la falta de interés
El fiscal Mauricio Del Cero opinó que la extensión del departamento judicial bahiense determina que el listado de potenciales jurados resulte insuficiente para el número de debates.
Al mismo tiempo, destacó que algunos de los ciudadanos que son convocados demuestran poca predisposición para participar.
“Las personas que acuden a los llamados lo hacen en varias ocasiones muy mal predispuestas, considerando que esta carga pública no está bien, porque es el Estado el que debe juzgar los casos criminales”.
También señaló que la posibilidad de hacer concurrir a los jurados por la fuerza pública debería revisarse, ya que “es obligarlos a que decidan, aún cuando no tienen voluntad de hacerlo”.
De la misma forma, mencionó que se debería aumentar la cantidad de personas que integran la lista de postulantes.
“La ley establece que quienes forman un jurado no pueden volver a hacerlo por un plazo de 3 años. Hay una excepción para esto, pero se está convirtiendo en regla. Quizás la alternativa sería ampliar la base de jurados y llevarla a 3 o 5 cada mil habitantes”.
Por otro lado, relató que “el Ejecutivo ha diseñado una misma ley para una provincia que es enorme y con conformaciones socioculturales muy distintas en sus regiones. La misma se aplica de igual manera en el conurbano como en el resto del interior bonaerense. La realidad es que hay dos particularidades: un jurado cada mil habitantes en departamentos judiciales como Lomas de Zamora, San Martín o Morón significa miles de jurados, porque son millones de habitantes. Eso, sumado al hecho de que no se estila o utiliza tanto como acá el juicio por jurados, determina que no tengan ese problema y nosotros sí”.
Respecto de esto último, dijo no poder explicar la aceptación que tiene el sistema en nuestra región.
Faltaron y los denunciaron
El problema para conformar los jurados no es exclusivo de nuestra ciudad. A fines de 2016 también quedó evidenciado en Mar del Plata, donde un juez, en una medida inédita, decidió denunciar penalmente a quienes, pese a estar notificados, no concurrieron al debate.
El doctor Néstor Conti consideró que violaron el artículo 239 del Código Penal, que reprime con prisión de 15 días a un año a quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Los jurados no alcanzan y muchos juicios se postergan
Por Pablo Andrés Pascual
La Nueva. - La Nueva Provincia
Bahía Blancia
Buenos Aires
15 de octubre de 2017
