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La arcaica institución del jurado desaparece a los 140 años de vida positiva. Son los jueces populares que en audiencia pública y solo en conciencia fallaban los episodios criminales de mayor gravedad, comenzando por los delitos políticos. La Corte Suprema, en sentencia de ayer, refrendó definitivamente la extinción de estos mecanismos que han sido repudiados por casi todos los tratadistas de las ciencias del derecho. Estos sistemas que parecían entorpecer el ejercicio de la justicia penal, fueron descartados en el decreto 1861 del año pasado por el el Gobierno, que en uso de facultades del Congreso reformó así, en forma parcial, la ley procesal.
El jurado integrado por tres ciudadanos sorteados de listas de cien, confeccionadas con anterioridad, juzgaba a los rebeldes y sediciosos, homicidas en general, terroristas, concertados para delinquir y secuestradores.
Sin embargo, sus mecanismos materiales y humanos incidían gravemente en el curso de los juicios e, inclusive, se los señalaba como factor preponderante de impunidad. Ahora los fallos serán en derecho.
Los doctrinantes, desde los clásicos como Enrique Ferri y Francisco Carrara, hasta los actuales, han descalificado el jurado. Para estos es justicia irresponsable y teatral , bufonada de pies a cabeza , parodia de la justicia y justicia que perdió el último tren.
Paradójicamente, el jurado en causas criminales lo establció el país hacia 1850 y su primera actuación se convirtió en monstruosa injusticia. Un enigmático ciudadano, José Raimundo Russi, fue enviado al cadalso bajo la presión de una población alarmada por la ola de crímenes de la época. La historia comprobó que no habían mediado pruebas de responsabilidad alguna contra aquel inocente.
Durante la coexistencia de pena de muerte y jurado, este concluyó la etapa con otra sangrienta equivocación. Los jueces de conciencia, en este caso militares, enviaron al pelotón de fusilamiento a los comprometidos en el atentado de Barrocolorado. Allí los sujetos intentaron asesinar al presidente Rafael Reyes. Para poder hacerlo, desconocieron las claras características del hecho como conducta punible política. Fueron las últimas penas capitales que registra el país.
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Por Ismael E. Arenas
7 de septiembre de 1990
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