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Extractos:
¿Es correcto que unos ciudadanos, sin formación jurídica alguna, impartan justicia?
Daniel Peña fue una de las primeras personas en la Región en enfrentarse a un juicio por jurado y, a la vez, el primero en ver como el veredicto popular que había caído sobre él se revocaba. Este veinteañero, residente en Torre Pacheco, fue condenado en 1998 a 17 años de prisión por degollar a un vecino de la localidad para robarle. En febrero de 1999, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaba repetir el juicio al considerar que el jurado no había razonado los motivos por los que condenaba a Daniel.
El segundo juicio por jurado popular que tuvo que ser repetido se produjo en el año 2.000. El TSJ anuló la sentencia que condenaba a un ciudadano magrebí a ocho años de prisión por un delito de homicidio al considerar que existía una contradicción entre el contenido de una pregunta formulada por la acusación y otra de la defensa y que, pese a ello, ambos hechos fueron declarados probados por unanimidad en el jurado. El tribunal popular declaró probado que el acusado, «aunque no tuviese intención directa de matar, no eludió este resultado en su mente» y, al mismo tiempo, también dio por probado que «la agresión fue sin intención ninguna, ni directa, ni por representación mental, del posible resultado de causar la muerte». Cuestiones difíciles de encajar.
En febrero del pasado año, el Tribunal Supremo echó para atrás otro veredicto popular. El Alto Tribunal obligaba a repetir el juicio en el que un vecino de la localidad alicantina de Monóvar resultó absuelto de un delito de omisión del deber de socorro del que se le había acusado tras dejar abandonado a un anciano accidentado en una jornada de caza en un coto yeclano al disparársele la escopeta.
De nuevo las contradicciones del jurado se convertían en un problema. El Alto Tribunal estimó que era incongruente que el tribunal popular ratificase que existían unas lesiones importantes en un brazo del cazador, con pérdida incluso de masa corporal y que, a la vez, indicase que no existían pruebas de que tales lesiones fueran percibidas por el acusado, José María D. S. En octubre, otro jurado estudiaba de nuevo el caso de este alicantino ofreciendo la solución contraria.
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Juicio al jurado popular
Por Alicia Negre
Publicación "laverdad.es"
5 de julio de 2010
