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«En Villaviciosa se entra a las casas sin llamar». Esta frase la espetaban los testigos de un juicio con jurado popular para defender a un acusado de un delito de allanamiento de morada. Por estos hechos, el fiscal solicita una pena máxima de 2 años de prisión, que al no tener antecedentes, el acusado no tendría que pisar la cárcel. Además, la indemnización solicitada por el Ministerio Público para la víctima no superaría los 280 euros, mucho menos de lo que cobra uno de los nueve integrantes del tribunal popular que lo juzga estos días en la Audiencia Provincial.
Pese a este panorama que se podría «quedar zanjado en un juicio rápido» por la escasa entidad de los hechos, según el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, estos casos son juzgados por un tribunal popular con el altísimo coste que conlleva, porque la Ley del Tribunal del Jurado incluye el tipo de delito «allanamiento de morada», junto a otros como homicidio. Es como matar moscas a cañonazos, sobre todo, por el alto coste de personal y económico que supone. De hecho, según Baena, «los magistrados hemos pedido muchas veces que delitos como este sean excluidos del catálogo de los que deben ser juzgados por un tribunal popular. Este juicio supone un gasto a la Administración de Justicia que supera los 24.000 euros».
Para llegar a juzgar este «presunto allanamiento» se citaron el primer día a 36 candidatos a formar parte del tribunal popular. Cada uno de ellos cobra sólo por comparecer el día del juicio oral, 33,5 euros. De esta preselección se obtienen los nueve jurados titulares y los dos jurados suplentes. A través de preguntas de los abogados se va depurando la criba. Así, la retribución a cada integrante del jurado es, de acuerdo a la última revisión del Ministerio de Justicia, de 67 euros, que se pagarán a los nueve ciudadanos seleccionados y también a los dos que se elijan como suplentes por cada día que asistan hasta que emitan el veredicto. Esto supone, como mínimo, dos días. Con esta premisa, el coste de las retribuciones diarias se sitúa al menos en 1.474 euros. Un coste a todas luces desproporcionado si el hecho juzgado es de poca importancia como el citado. De esta clase de delitos hay pocos que se juzguen así. El presidente de la Audiencia recuerda otro de escasa entidad contra un cartero al que le acusaban de un delito de malversación de caudales públicos, por presutamente «quedarse» con un paquete con dos osos de peluche.
Enlace: Versión On Line
Por P. García-Baquerocórdoba
Publicación on line ABCdesevilla.es
28 de enero de 2009
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