Por El Vocero de Puerto Rico
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Publicación El Vocero
Puerto Rico |
Extractos:
A pesar que los derechos a un juicio por jurado imparcial y la presunción de inocencia están consagrados en la Constitución de Puerto Rico, serían pocas las posibilidades para que de encarar juicio, Ana Cacho –sospechosa de delito– seleccione un jurado que ya no esté prejuiciado en su contra. Así lo revela un estudio académico reciente que investigó el “efecto que tiene la cobertura mediática excesiva de procesos criminales en Puerto Rico sobre quienes ejercen como jurados en estos procesos”. El mismo fue publicado en la revista ‘Ámbito de encuentros’, de la Universidad del Este (SUAGM).
La investigación refleja que la excesiva publicidad, la saturación, el análisis o el sensacionalismo “puede resultar en que, poco a poco, se forjen prejuicios y opiniones a favor o en contra de las personas involucradas”. La investigación del doctor Ángel A. Toledo López y el estudiante de maestría Francisco G. Jiménez Ayala se revela “innovadora” al ser la primera que se hace en la Isla tomando de muestra a personas que han sido jurado en casos criminales.
Por lo “inconmensurable” de los medios masivos de comunicación en Puerto Rico, se presupone que durante la investigación se forja necesariamente una opinión en la población que afecta la imparcialidad para juzgar sin prejuicios la evidencia que desfilará ante ellos. La masiva información de los medios sobre la población ni siquiera permitiría que el secuestro del jurado sea una medida eficaz de descontaminación, señala la investigación, que llama la atención sobre este “dilema real para la apropiada administración de la justicia”.
En el caso de Ana Cacho, la muestra arroja que el 52% de los exjurados consultados creen que es culpable de estar vinculada con el asesinato de su hijo, el 20% piensa que es inocente y el 28% no sabe o no contestó la pregunta. La investigación indica que el resultado es “impresionante, cuando consideramos que, al día de hoy, Cacho no ha sido acusada formalmente por la muerte de su hijo. Lo revelador de este análisis es que la mayoría de los (las) entrevistados está dispuesta a emitir un fallo condenatorio desde ya, sin haber pisado un tribunal y sin haber visto o escuchado una pieza de evidencia”.
Para no llegar a resultados erróneos, los investigadores preguntaron a los muestreados cómo llegaron a sus conclusiones. De los 25, unos 19 adjudicaron culpabilidad o inocencia “a base del análisis de prensa, la información que recibieron de los medios de comunicación o de los análisis de los comentaristas radiales o televisivos”.
Que la publicidad excesiva forma opiniones que pueden influir significativamente en los potenciales jurados se confirmó cuando 19 entrevistados (76%) afirmaron que en este momento no es posible celebrarle un juicio imparcial. La publicidad excesiva en contra de Cacho es tanta que el 64% de los encuestados afirmó que se requiere la transferencia (‘removal’) de este caso a otro estado.
Para los investigadores, “estos resultados nos hacen cuestionar seriamente qué tan bien se administra la justicia en Puerto Rico y si verdaderamente el sistema garantiza el debido proceso de ley y el derecho de todo acusado a un juicio justo e imparcial”.
En tela de juicio los jurados
Por Obed Betancourt
El Vocero de Puerto Rico
5 de marzo de 2013
