Por El Mundo
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"Yo, cuando me digan mi nombre, voy a hacer como que no lo entiendo". "Si la Justicia es una mierda y no creo en ella, cómo voy a hacer de jurado". Son frases escuchadas este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sala está encallada en un proceso que se ha complicado inesperadamente: la selección de miembros del jurado que juzgará a los presuntos asesinos de Alfonso Díaz Moñux, abogado asesinado a tiros en Chamartín en 2008, supuestamente vinculado a narcotraficantes.
Después de que, la semana pasada, otro jurado no lograra alcanzar un veredicto en otro caso de mafias —un asesinato achacado al clan Jodorovich, en el que se deberá repetir todo el proceso—, la dificultad para formar jurado en el caso Moñux pone en tela de juicio una institución que divide, como poco, al gremio judicial.
No son pocos los juristas que critican la existencia del órgano, impulsado en su momento por el ex ministro socialista Juan Alberto Belloch, y hasta el propio nuevo fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, admitía a este diario recientemente tener "dos opiniones" sobre la institución, "una en razón de mi cargo, y otra desde el punto de vista doctrinal".
En el inicio de esta semana, ocho de los 24 llamados a la selección del jurado del caso Moñux han intentado escabullirse (después de que algunos más, según un abogado, se excusaran ya anteriormente). Cuatro con éxito, y otros cuatro sin él, siempre según fuentes judiciales. De las 20 personas con las que se inició la selección deberán salir los 11 miembros del jurado, nueve titulares y dos suplentes. De hecho, por este motivo el juicio ha estado a punto de suspenderse: con menos de 20 candidatos no se puede seleccionar un jurado.
Mes y medio de 'trabajo'
La duración del juicio, previsto para mes y medio y salpimentado por nada menos que ocho acusados con sus ocho defensas y ocho intereses a veces contrapuestos, ha echado para atrás a muchos candidatos. "Una cosa es venir a ser jurado tres días, que puede molar, y otra cosa es estar mes y medio aquí", admitía un letrado. Otro de los excusados comentaba lo complicado de permanecer seis semanas lejos del puesto de trabajo. Otro más repetía con amargura que la Justicia debería ser más ágil. Dos letrados de la causa no se ponían de acuerdo sobre si la situación pone en tela de juicio la ley del Jurado. "Por supuesto", decía uno. "En absoluto", contestaba otro.
La ley del Jurado pretende, fundada en la participación ciudadana que consagra la Constitución en la Administración de Justicia, democratizar las decisiones judiciales. Sin embargo, sus críticos le achacan efectos espurios: la teatralización de los juicios, la desprofesionalización de las decisiones.
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El Mundo - España
5 de noviembre de 2013
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