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BILBAO. Cocineros, peluqueros, profesores... todos los ciudadanos pueden ser parte de un jurado popular en un juicio. Personas normales y corrientes que de la noche a la mañana se ven en la tesitura de tener que decidir si una persona es o no culpable de un delito del que se le acusa. Se trata de una decisión compleja y que, sin lugar a dudas, ha dividido a la opinión pública sobre la eficacia de esta figura. Decisiones polémicas que llevan incluso a repetir juicios.
Esto es lo que ha pasado hace unos días en el caso del crimen del Pagasarri. Después de dos décadas sin pistas sobre quién asesinó a Néstor Gándara —su cuerpo apareció sin vida en 1996 con evidentes signos de violencia en el monte bilbaino—, la Ertzaintza halló indicios que le llevó al arresto de I.A.A. como presunto autor de su muerte.
El juicio se celebró el pasado diciembre y el jurado popular decidió por unanimidad decretar su inocencia. Un mazazo sin duda para la familia de Néstor, que recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El Alto Tribunal decidió entonces desoír el veredicto del jurado y la sentencia absolutoria del juez y ordenó a la Audiencia Provincial repetir el juicio. "El Tribunal Superior estimó que el jurado popular no dio razonamientos suficientes para culpar o absolver al acusado", explica sobre el caso a DEIA el abogado penalista José Ricardo Palacio.
En muchos de los casos, sin ni siquiera habérselo planteado, muchos ciudadanos se tienen que enfrentar a un juicio y decidir si la persona que está siendo juzgada es o no culpable de los hechos de los que se le acusa. "La función del jurado es obligatoria y el ciudadano que ha sido elegido no puede negarse, a excepción de los mayores de 65 años, una persona que ha formado parte de otro jurado popular en los últimos cuatro años o una persona que trabaja en el extranjero", detalla José Ricardo Palacio.
No es ficción, es la realidad. Once personas elegidas a través de un sorteo —nueve de ellos ciudadanos titulados y dos sustitutos— componen este grupo popular. Una elección en la que cualquiera tiene la posibilidad de ser seleccionado, pero que sin embargo, no es un cometido fácil que pueda sobrellevarse por todos igual. "A un jurado se le pide que se pronuncie en hechos, si están probados o no. No se le piden razonamientos técnicos, pero tienen que dar una explicación correcta, adecuada, si no habrá un defecto en el veredicto, tal y como ha sucedido en el crimen del Pagasarri", afirma el abogado penalista.
No todos los casos son similares y algunos contemplan mayores dificultades. Además, hay que tener en cuenta que los ciudadanos que forman parte del jurado popular no son profesionales, por lo tanto tienen que realizar un mayor esfuerzo para ceñirse a las pruebas con las que cuentan antes de tomar una decisión final.
En su mano también está el futuro de los acusados. Por eso, el jurado tiene que tener en cuenta cada prueba y testimonio que aporte datos para no equivocarse en su veredicto final. Y es que, al fin y al cabo, el jurado tiene que defender su decisión final con pruebas, sin entrar a valorar y opinar.
La complicación de hacer de juez, abogado o de la opinión de pueblo sin tener mucha idea puede influir en esa decisión. El lado económico también. Y es que mantener a un jurado no sale barato. "Todas las personas que forman parte de un jurado perciben una remuneración por ello", desvela Ricardo Palacio. Concretamente, cobran 70 euros por día que dura el juicio más la manutención, el alojamiento en un hotel y el kilometraje desde la residencia del miembro del jurado hasta la sala donde se desarrolla el juicio.
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"De preparar platos a solucionar crímenes"
Por Eunate F. Domínguez
Deia. Noticias de Bizkaia
España
20 de abril de 2014
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