Panamá: Magistrada apoya cambios al jurado de conciencia

Por Panamá América

Panamá América - Panamá

Extractos:

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, se mostró partidaria en introducir reformas a la figura del jurado de conciencia y estimó que éstos sólo deben conocer de los casos de homicidio simple. Franceschi de Aguilera sostuvo que desde el año de 1995 durante la celebración de un congreso de jueces se ejecutó una serie de recomendaciones para una revisión a la figura del jurado de conciencia, pero a la fecha éstas no se han efectuado.

De acuerdo con la magistrada, en esa ocasión hubo un consenso que esa figura debía recibir una serie de cambios para adecuarla a las necesidades actuales. Agregó que algunos sectores se han mostrado partidarios de la eliminación del jurado de conciencia, pero ello requiere de una reforma constitucional.

Reconoció que han surgido críticas contra los jurados de conciencia por algunos fallos. Dijo que en una ocasión el Ministerio Público también presentó una iniciativa en este sentido, pero desconoce el resultado de este documento.

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Magistrada apoya cambios al jurado de conciencia

Por Juan Ignacio Blanco

4 de julio de 2001

Panamá: Dificultades para abolir jurados de conciencia por necesidad de una reforma constitucional

Por Crítica

  

Diario Crítica
Panamá

Extractos:

La Magistrada Presidenta de la Corte Suprema, Mirtza Franceschi de Aguilera, señaló que para abolir los jurados de conciencia deben realizarse reformas constitucionales.

Durante las últimas días, la figura del jurado de conciencia ha sido objeto de comentarios diversos a raíz de que cuatro ciudadanos fueron absueltos del crimen del Ingeniero Scott John Barton, homicidio ocurrido el 19 de Octubre de 1995.

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Abolir jurados de conciencia requiere más estudio
Florencio Galvez F.

Crítica de Panamá

7 de abril de 2001

Panamá: En crisis la institución del jurado de conciencia

Por Panamá América

Publicación Panamá América

Extractos:

El magistrado del Segundo Tribunal Superior, Andrés Almendral, reveló que la institución del jurado de conciencia se "encuentra en crisis" y que en las próximas semanas se pondrá en ejecución un plan para que los ciudadanos presten este servicio de manera voluntaria.

Almendral aseguró que los empleadores no quieren ceder a sus empleados para que participen como jurados de conciencia en los juicios por homicidio, bajo el alegato de que el tiempo a servicio del tribunal se traduce en pérdidas para sus negocios.

Explicó que se abrirá un proceso de inscripción voluntaria para las personas interesadas en fungir como jurados de conciencia, ya que en la actualidad la Corte sólo tiene acceso a un listado de 3,317 personas calificadas para actuar como jurado y que ello provoca que algunos lo hagan en más de una ocasión.

Planteó que esta situación provoca que algunas personas se conviertan en "casi abogados" y que ya no actúan en base a su conciencia, sino en consideraciones de tipo jurídica y ello desnaturaliza su función.

Sostuvo que en un momento dado podría llegarse a la situación de tener que usar algunos funcionarios del Organo Judicial como jurados de conciencia, ya que esto no está prohibido por la ley, pero que los magistrados han evitado llegar a estos extremos para evitar suspicacias.

Entre los requisitos para actuar como jurado de conciencia se encuentran saber leer y escribir, no tener antecedentes penales, ser una persona de reconocida honorabilidad y ser mayor de 21 años de edad y menor de 60.

El magistrado detalló que en la actualidad se están celebrando un promedio de dos a tres audiencias diarias en donde se requiere la participación de un promedio de siete jurados de conciencia, que son sorteados de la lista de la Corte y que deben ser ubicados en sus respectivos trabajos para permanecer entre uno a dos días en el tribunal.

Algunos juristas han planteado la necesidad de eliminar los jurados de conciencia, bajo el argumento de la falta de objetividad por la difusión dada a los hechos criminales a través de los medios de comunicación.

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Panamá América

República de Panamá

21 de mayo de 2000

España: El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera el jurado un gasto superfluo

Por Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

Escudo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
España

 

Boletín 151:

 

Finalizaba el mes de marzo y los medios de comunicación nos sorprendían con la noticia de que los Tribunales Superiores de Justicia planteaban reformar la Ley del Jurado. Por si no fuera suficiente el sobresalto, también a través de dichos medios nos enterábamos de que una de las posturas más radicales en dicho tema la había mantenido precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que, con carácter previo a la reforma de dicha Ley planteaba lisa y llanamente su derogación. Los comentarios aparecidos en prensa no aclaraban demasiado, pero cuando recibimos la Memoria Anual del TSJA, nuestro asombro fue mayúsculo, no tanto por el planteamiento de una propuesta que no compartimos pero respetamos, sino por los argumentos aducidos por el TSJA para hacerla y que reproducimos íntegramente, tomados de las páginas 95, 96 y 97 de dicha Memoria cuyo epígrafe, se especifica en la misma ha sido elaborado por el Magistrado Sr. Arenere. La negrita del texto es nuestra.
 
II CONSIDERACIONES ESPECIALES

1.- SOBRE EL JURADO

Algunos miembros de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia consideran que, en las iniciativas legislativas de futuro, el poder legislativo debería proceder a suprimir la Ley del Jurado, con base en los siguientes argumentos:
 

1º.- Carece de arraigo en nuestra sociedad, lo que conllevó el fracaso de la anterior Ley, y tampoco corrió mejor suerte en países vecinos como Francia, Alemania, Italia y Suiza, entre otros. Incluso en los países anglosajones, que es donde mayor predicamento ha tenido, el jurado puro está en decadencia.
 

2º.- El jurado no entraña un plus de justicia, ni tampoco una mejoría de la misma, ni se puede calificar a sus veredictos de justicia más democrática; al contrario, el juramento o promesa de los miembros del jurado se constriñe a desempeñar bien y fielmente la función del jurado ... (A-41 de la Ley del Jurado) , mientras que el juez profesional jura o promete guardar y hacer guardar fielmente en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico .... (A-318 de la L.0.P.J.), con lo que ello conlleva una mayor garantía democrática. Por otro lado el jurado no representa al pueblo, sino a parte de él.
 

3º.- La cada vez mayor complejidad del mundo jurídico precisa cada día mayores conocimientos del derecho; ello contrasta con el desconocimiento que del mismo suelen tener los miembros del jurado, lo que se traduce en una clara incompatibilidad con el sistema de garantías legales que preside nuestro ordenamiento jurídico.
 

4º.- Por último, el juicio del jurado es caro: el régimen retributivo de sus miembros está regulado por Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, cada uno tiene derecho a percibir, 9.300 Pts. de retribución, 7.500 Pts. de gastos de alojamiento, 2.750 Pts. para comida y 2.750 Pts. para cena, lo que hace un total de 22.700 Pts. diarias, cantidad que multiplicada por 11 (9 titulares más 2 suplentes) hace un total de 245.300 Pts. diarias, a las que habrá que añadir los gastos de desplazamiento, e igualmente el pago a un Magistrado suplente de las cantidades pertinentes, para que la Sección a la que pertenece el Magistrado-Presidente pueda seguir funcionando normalmente mientras éste está presidiendo el juicio de jurado, que a poco complejo que sea puede durar varios días. Gasto todo él superfluo que contrasta con la reticencia y negativa a aumentar el sueldo a los miembros de la carrera judicial.
 

No es obstáculo para su derogación el A-125 de la Constitución Española, por cuanto dicho precepto dispone que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución de jurado ...». Se ha calificado a dicho articulo como una norma de organización, es decir, como una norma que permite mandar, que permite que el legislador ordinario establezca casos y formas en que se participa por los ciudadanos en la administración de justicia, también denominada «norma de segundo grado» (así lo calificó el Sr. Peces Barba en el Congreso nº 84, sesión 8-6-1978, Trabajos parlamentarios, pag. 1374). Obviamente la interpretación de tal precepto no conlleva necesariamente la instauración del Jurado, como tampoco es necesario que el ciudadano ejercite la acción popular, sino que es potestativo.

 

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Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

Abril de 2000

Nicaragua: Jurados de conciencia insensibles y corruptos

Por El Nuevo Diario

Logo El Nuevo Diario - Nicaragua

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Para el Comisionado de la Policía, Donald Escampini León, los tribunales de jurados, que absuelven delincuentes y narcotraficantes son insensibles y corruptos, habitan en Marte y no se dan cuenta lo que sucede en este país.

La fuerte declaración del Jefe de la Policía de Chinandega, se debe a que los jurados de conciencia se dedican a absolver a los delincuentes y narcotraficantes tirando al cesto de la basura todo el trabajo policial y judicial en una clara tendencia a enviar de nuevo a la calle a los narcotraficantes a envenenar la población de las ciudades.

Escampini señaló que los jurados de conciencia chinandeganos ya sacaron de las cárceles a los responsables de los 30 kilos de cocaína, "capturados por la Policía Nacional a riesgo de su propia vida", dijo indignado el jefe policial más exitoso que ha tenido Chinandega en los últimos años.

"Cómo es posible que con los kilos de cocaína frente a la mesa de los jurados, con un detenido confeso y todas las pruebas en su contra los jurados simplemente tiren "bolitas blancas", poniéndose de acuerdo con los defensores y logrando la libertad de los delincuentes", aseveró Escampini.

El jefe policial responsabilizó a los jurados de todas las matanzas y el tráfico de cocaína que se mueve en Chinandega, porque esos jurados que no tienen ni un pelito de conciencia, parece que fueran machorros, sin hijos, porque el que tiene hijos debe tener sensibilidad social ante el flagelo de la droga que mata lentamente a nuestra juventud", enfatizó Escampini.

"No hay de parte de los seleccionadores de estos jurados una conciencia clara de las personas que pueden integrar estos tribunales de conciencia que tienen en sus manos el mandato de la sociedad, parece que los seleccionan de dedo", dijo el jefe policial.

Escampini señaló los grandes sacrificios y limitantes de la Policía Nacional, que a pesar de eso enfrenta, combate y apresa a los mafiosos a riesgo de la propia vida de los agentes del orden, que se sacrifican mientras los jurados sacan libre a los delincuentes.

 

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El Nuevo Diario

Chinendaga - Nicaragua

Por Benjamín Chávez Romero

29 de agosto de 1999

España: Los jueces admiten la objeción de conciencia para no ser jurado

Por El País

Diario El País - España

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La Audiencia de Castellón ha aceptado la objeción de conciencia para eximir a una mujer que había sido preseleccionada como miembro del primer jurado de la provincia, que el próximo lunes deberá decidir sobre un caso de homicidio.

Luisa Sánchez Romero, de 43 años, alegó que su "dignidad" le impedía juzgar a otra persona, lo que fue interpretado por el presidente del jurado y de la Audiencia, Fernando Tintoré, como un supuesto de objeción de conciencia, no previsto expresamente por la legislación.

La Audiencia considera admisible esta excusa, en virtud de la ley orgánica 5/95, de 22 de mayo, que posibilita la liberación de esta obligación sin indicar causas específicas.

 

Las excusas especificadas en la ley para poder liberarse de la obligación de ser jurado son ser mayor de 65 años, haber sido jurado en los últimos cuatro años, alegar cuestiones familiares, desempeñar un trabajo relevante de interés general, residir en el extranjero y ser militar profesional en activo.

También se podrán librar los que "aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado". Y, según el presidente de la Audiencia, "no se puede forzar" a nadie a desarrollar lo que es "un derecho que prevé amplios cauces de participación".

N. del E.: La objeción de conciencia más convincente no es la "dignidad" que impide juzgar a otra persona, sino la "impericia" que impide a cualquier jurado juzgar a cualquier persona. Dado que el legislador ignorante obliga a personas inexpertas a juzgar, es razonable que estas personas, conscientes de su impericia, aleguen que no podrán cumplir la labor de juzgar como es debido.

 

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Diario El País - España

16 de noviembre de 1996

España: La conciencia del jurado

Por El País

Logo periódico El País
España

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El proyecto de Ley del Jurado que va a empezar a discutirse en el Congreso no sólo omite la posibilidad de una objeción de conciencia respecto a formar parte de ese tribunal, sino que obliga a los ciudadanos que lo integran a votar nominalmente a favor o en contra del acusado, prohibiéndoles la abstención, que de producirse será castigada.

Según las encuestas, mientras a los ciudadanos españoles, en su mayoría, les gustaría llegado el caso ser juzgados por un tribunal conjurado, esa preferencia se torna en rechazo mayoritario cuando se les pregunta sobre su disposición a formar parte de un jurado.

Las razones de este rechazo son diversas y van desde el temor por la responsabilidad que implica, hasta la simple comodidad de evitarse molestias. Una parte importante de esos ciudadanos reacios a integrar un jurado, aproximadamente un 25% de ellos, aduce —según las encuentas del CIS— escrúpulos que podríamos llamar de conciencia: no les gusta juzgar o sienten temor a equivocarse.

El tema de la objeción de conciencia en el jurado ha sido objeto de muchos debates, aunque no suele prosperar en las leyes de ningún país, como siempre que los ciudadanos oponen su conciencia a las funciones coactivas del Estado. Legalmente, la participación en el jurado, que empezó siendo un derecho, se regula hoy como un deber.

De esta forma, lo que la Constitución concebía más bien como un derecho de participación se convierte ahora en un deber de prestación personal, que además desemboca en una decisión comprometida. La obligación adquiere así una cierta analogía con el deber del servicio militar. Ambos provocan, por eso, el rechazo de quienes sienten reparo a implicarse personalmente en tareas que, de forma explícita o implícita, aplican violencia sobre las personas.

Como ha escrito el profesor Ernesto Pedraz, es dudosa la conveniencia de que se articule como obligación el desempeño de "una tarea que exige la concurrencia de toda la buena voluntad, disposición y aptitudes del ciudadano, que sustituirán o complementarán la rutina e indiferencia que por algunos se atribuye al juez profesional".

El proyecto que el Gobierno ha enviado al Parlamento sanciona con multa al jurado que se abstenga de votar una vez; si una vez requerido reiteradamente, persistiere en su negativa, "se deduciría el testimonio correspondiente para la exacción de la derivada responsabilidad penal" (por un delito de desobediencia). De prosperar esta disposición en el texto definitivo de la ley, veremos juicios en que el acusado sale absuelto y el jurado condenado. Con esta forma de legislar, acabaremos teniendo insumisos del jurado y consiguiendo que una institución que debía nacer para acercar la administración de justicia a los ciudadanos, la aleje todavía más.

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La conciencia del jurado

Gonzalo Martínez Fresneda

11 de octubre de 1994

Colombia: Fin al jurado de conciencia

Por El Tiempo.com

El Tiempo.com
Bogotá - Colombia

 

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La arcaica institución del jurado desaparece a los 140 años de vida positiva. Son los jueces populares que en audiencia pública y solo en conciencia fallaban los episodios criminales de mayor gravedad, comenzando por los delitos políticos. La Corte Suprema, en sentencia de ayer, refrendó definitivamente la extinción de estos mecanismos que han sido repudiados por casi todos los tratadistas de las ciencias del derecho. Estos sistemas que parecían entorpecer el ejercicio de la justicia penal, fueron descartados en el decreto 1861 del año pasado por el el Gobierno, que en uso de facultades del Congreso reformó así, en forma parcial, la ley procesal.

 

El jurado integrado por tres ciudadanos sorteados de listas de cien, confeccionadas con anterioridad, juzgaba a los rebeldes y sediciosos, homicidas en general, terroristas, concertados para delinquir y secuestradores.

 

Sin embargo, sus mecanismos materiales y humanos incidían gravemente en el curso de los juicios e, inclusive, se los señalaba como factor preponderante de impunidad. Ahora los fallos serán en derecho.

 

Los doctrinantes, desde los clásicos como Enrique Ferri y Francisco Carrara, hasta los actuales, han descalificado el jurado. Para estos es justicia irresponsable y teatral , bufonada de pies a cabeza , parodia de la justicia y justicia que perdió el último tren.

 

Paradójicamente, el jurado en causas criminales lo establció el país hacia 1850 y su primera actuación se convirtió en monstruosa injusticia. Un enigmático ciudadano, José Raimundo Russi, fue enviado al cadalso bajo la presión de una población alarmada por la ola de crímenes de la época. La historia comprobó que no habían mediado pruebas de responsabilidad alguna contra aquel inocente.

 

Durante la coexistencia de pena de muerte y jurado, este concluyó la etapa con otra sangrienta equivocación. Los jueces de conciencia, en este caso militares, enviaron al pelotón de fusilamiento a los comprometidos en el atentado de Barrocolorado. Allí los sujetos intentaron asesinar al presidente Rafael Reyes. Para poder hacerlo, desconocieron las claras características del hecho como conducta punible política. Fueron las últimas penas capitales que registra el país.

 

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El Tiempo.com - Bogotá - Colombia

Por Ismael E. Arenas

7 de septiembre de 1990