Río Negro: Piccinini propone un Código Procesal acusatorio y sin jurado

Por rionegro.com.ar

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La reforma al Código Procesal Penal rionegrino hacia un sistema acusatorio está decidida, pero resta una etapa de debate profundo en cuanto a incorporar o no el juicio por jurados y a instrumentar otras modificaciones sustanciales a la cuestionada normativa actual.

Existe un proyecto oficial que está en la Legislatura desde mediados de 2011 y fue impulsado por la gestión del exgobernador Miguel Saiz. Tiene numerosas observaciones y sugerencias surgidas del análisis que hicieron los Colegios de Abogados, el Consejo de Fiscales y Defensores, la Defensoría General, el Observatorio de Derechos Humanos y otras instituciones.

Pero desde el mes pasado la Legislatura también tiene para su evaluación un segundo proyecto, elaborado por la legisladora del FpV Ana Piccinini, que tiene puntos coincidentes con el primero pero remarca diferencias sustanciales: no establece jurados, regula el juicio penal a menores de edad y el juicio inmediato para casos de flagrancia, reconoce la denuncia anónima como punto de inicio de la investigación fiscal e incorpora un procedimiento para aplicar "medidas de seguridad y corrección" cuando el hecho no amerita pena de prisión, multa o inhabilitación, entre otras particularidades. También permite reclamar la indemnización civil por los daños y perjuicios sufridos por el delito en paralelo con la acción penal.

El proyecto de Piccinini prevé un Código de 420 artículos, de corte acusatorio pleno, con fuertes restricciones al uso de la prisión preventiva y amplias facultades a los fiscales y a las víctimas, sean o no querellantes. Al igual que el otro, establece plazos perentorios para obligar a los funcionarios judiciales a acelerar los procesos y duras sanciones ante el retardo de justicia.

Coincide en incluir la creación de la Policía Judicial –dependiente del Ministerio Público y no sujeta a órdenes de la Jefatura de Policía– y reconoce a las ONG dedicadas a la protección de los derechos humanos, colectivos, de género o de menores de edad para intervenir como partes en el proceso penal.

"Existen coincidencias fundamentales y de fondo" entre los dos proyectos, admitió Piccinini en los fundamentos de su presentación, aunque advirtió que "algunos de los institutos planteados por el proyecto que nos antecedió no son parte de nuestros objetivos de reforma", principalmente el juicio por jurados. Coinciden en el estricto rol del juez de Garantías, la oralidad prácticamente plena del proceso, la obligación de los jueces de resolver en forma inmediata tras las audiencias, la posibilidad de que el querellante "privatice" la acción penal y siga el juicio aún sin apoyo fiscal, y en el fomento de la aplicación de los criterios de oportunidad y la mediación penal. También en la eliminación de los juzgados y Tribunales de integración permanente y su reemplazo por un Colegio de Jueces del cual saldrán los designados para intervenir en cada caso.

El proyecto tiene novedosas previsiones y procesos diferenciados para investigaciones complejas o sumamente sencillas, pues "ante la diversidad de formas delictivas hay que implementar sistemas procesales diferentes". "La delincuencia se comporta cada vez más ágil, más rápida, más voraz y atroz. El Código Procesal que contribuye a restaurar el orden social roto por el delito debe ser, entonces, más rápido, ágil, transparente y resolutivo", argumentó Piccinini.

 

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rionegro.com.ar

25 de junio 2013

España: Bretón ¿juicio o espectáculo?

Por Deia



Deia - Noticias de Bizkaia

 

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Adolfo Bioy Casares, en La invención de Morel, hace sin pretenderlo una apología de la presunción de inocencia y una inteligente disección de las dificultades que asaltan su realización. El mundo –decía– "con el perfeccionamiento de las policías, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia, es un infierno para los perseguidos".

 

En este contexto, asistimos estos días al mediático juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Córdoba por el llamado Caso Ruth y José. La desaparición en 2011 de esos dos menores de 6 y 2 años. El proceso se sigue por el sistema de jurado popular y sobre la mesa se encuentra la petición de 40 años de cárcel para el padre, acusado de dos delitos de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco.

 

No es un juicio más y al margen de la validez o no del jurado popular como institución (en Euskadi tenemos casos recientes con finales escalofriantes), resulta interesante el seguimiento que algunos medios están realizando sobre el proceso y las repercusiones que sobre el transcurso del mismo están teniendo. En total, desde el primer día se han acreditado más de cien periodistas de 35 periódicos, radios y televisiones. ¿Interés informativo o espectáculo?

 

Hasta el momento, durante las sesiones que se han celebrado en la Audiencia Provincial con el único acusado presente, hemos asistido a la descripción de una persona (José Bretón) no al relato de lo que parece un doble asesinato. Así, hemos escuchado las declaraciones de su ex mujer, Ruth Ortiz; las de la abuela de los pequeños, las de su psiquiatra calificando su actitud de "obsesiva y dominante" o las de su cuñado. Hemos asistido al testimonio de personas que han visto algo, como los testigos que sitúan a Bretón en la finca de Las Quemadillas el día de la desaparición o el empleado de la gasolinera donde el acusado compró 200 litros de gasóleo con los que supuestamente quemó a los niños en una hoguera que prendió en su finca.

 

Hasta ahora los focos se han centrado en esos testimonios que argumentan que vieron algo sospechoso pero no presenciaron lo que pasó. Hasta el momento, la estrategia de la acusación ha sido la de conseguir subjetivamente que se condenara a Bretón desde los medios y el jurado. Pero, ¿se debe respetar la presunción de inocencia? Nos guste o no, el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente periodística, debe proteger tres valores. Primero y referida a la dimensión social, la dignidad personal de todo protagonista de la información. Segundo, la protección del honor. Y tercero, la presunción de inocencia mediática debe preservar también la autoridad necesaria para poder administrar justicia con serenidad. Frente a este triple fundamento se encontraría la construcción de una sociedad en la que se parte de la base de que todo individuo es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

 

Cuando una persona conocida aparece implicada en un acontecimiento turbio, enseguida se le pone bajo sospecha. Vivimos en la cultura de la prisa, de la imagen y de la voracidad consumidora. Juzgar rápidamente beneficia a aquellos que se creen infalibles y que desean ver al otro condenado. Lo sabe bien Dolores Vázquez, a quien un jurado declaraba culpable en 2001 de la muerte de Rocío Wanninkhof para dos años más tarde, tener que asistir a su puesta en libertad, tras hallar al verdadero autor del asesinato.

 

Con este escenario de fondo y volviendo a la causa contra Bretón, sería deseable dejar al margen las emociones y esperar a las pruebas periciales.

 

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Publicación: Deia

Por Andoni Orrantia

24 de junio de 2013

España: ¿Es razonable un jurado popular para juicios mediáticos?

Por El Confidencial Digital

El Confidencial Digital

 

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El juicio contra José Bretón, el padre de los niños desaparecidos en Córdoba, ha vuelto a traer a debate la institución del jurado popular o, como se denomina en Derecho, el Tribunal del Jurado. ¿Qué opinan los profesionales de esta institución? ¿Es razonable un jurado no profesional en juicios tan mediáticos? ¿Estarían influenciados los miembros del tribunal?

 

Un jurado popular absolvió a Camps del delito de cohecho por el que se sentó en el banquillo y la misma figura va a decidir si José Bretón es culpable o inocente de la desaparición de Ruth y José. El Tribunal del Jurado popular es, por tanto, una figura recogida en la Constitución (artículo 125) y desarrollada por una ley orgánica aprobada en 1995.

 

En general, los juristas son contrarios a que un jurado popular decida si un acusado debe ser condenado. Apenas hay en la profesión defensores de esta figura. El argumento de sus valedores: el sentido común. Cualquier ciudadano, defienden, sabe decidir quién tiene la razón en un determinado conflicto.

 

Los problemas del jurado popular

 

Pero el problema, según explica José María de Pablo, especialista en Derecho Penal del bufete Mas i Calvet, es que la Ley exige jurado popular en delitos muy concretos que, en general, suelen ser mediáticos. Son los siguientes: parricidio, asesinato, homicidio, auxilio o inducción al suicidio, infanticidio, infidelidad en la custodia de presos, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, amenazas e incendios forestales.

 

No existe, por tanto, posibilidad de que un homicidio, como es el caso del juicio por la desaparición de José y Ruth, pueda ser juzgado por un tribunal profesional. En el caso de Marta del Castillo hay que destacar que el homicidio no era la acusación principal.

 

Es decir, los miembros del jurado que participan en este tipo de juicios suelen conocer con antelación los hechos que se juzgan a través de los medios de comunicación. Acuden al juzgado, por tanto, con una convicción formada de antemano que puede convertir en un problema su decisión final, apunta De Pablo.

 

Según los expertos, existen dos inconvenientes a la hora de que elegir a un jurado popular:

 

- Su falta de conocimientos jurídicos o su inexperiencia.

 

- La manipulación previa que pueden sufrir los miembros del Tribunal. Tanto por tratarse de un juicio mediático, como de las partes implicadas o de terceros.

 

El fracaso del primer jurado popular

 

En España, el jurado ha deparado veredictos de todo tipo. Desde la citada absolución de Francisco Camps del famoso caso de los trajes, hasta la reciente culpabilidad del celador de Olot. Pero, sin duda, el caso más llamativo y que más alarma social generó fue el de un terrorista de ETA.

 

Mikel Otegi, acusado de asesinar a dos ertzainas, fue juzgado por un jurado popular en el País Vasco. El Tribunal, compuesto íntegramente por ciudadanos locales, le declaró absuelto. Años más tarde el Supremo revocó esta sentencia, pero el presunto etarra ya había huido de España.

 

Se trataba de uno de los primeros juicios con jurado popular y los juristas lo recuerdan como ejemplo de los peligros de la fórmula.

 

Algo similar ocurrió con la principal acusada de asesinar a Rocío Wanninkhof: Dolores Vázquez.

 

Los juristas prefieren un jurado profesional

 

En definitiva, la mayoría de los juristas prefiere un jurado profesional, con experiencia y conocimientos técnicos. Se corren demasiados riesgos con un jurado popular, consideran.

 

El Ministerio de Justicia, consciente de esta situación, se encuentra, además, preparando una modificación de la legislación para reducir los delitos que deben ser obligatoriamente juzgados por un tribunal compuesto por ciudadanos.

 

Se reducirán, así, los más de 600 juicios con jurado popular que se celebran anualmente en España.

 

Enlace: Versión On Line

 

El Confidencial Digital

España

22 de junio de 2013

España: El fracaso del jurado

Por Diario de Mallorca

Diario de Mallorca de España

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La institución del Jurado, típica del derecho anglosajón y popularizada en Occidente por la narrativa y la cinematografía norteamericanas, fue introducida en nuestro ordenamiento por el artículo 125 de la Constitución, que la establece "en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

La realidad es que la institución del jurado, con gran predicamento en América pero con escaso arraigo en Europa, no ha terminado aquí de cuajar.

Es España la ley establece arbitrariamente cinco grandes ámbitos en que se utilizará el jurado popular puro: delitos contra las personas, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos; delitos contra el honor; delitos contra la libertad y la seguridad; y delitos de incendios. Todo ello se plasma en una prolija lista de casos en que los jueces profesionales deberán dejar paso a los jurados amateurs.

Los fracasos del modelo español han sido resonantes, desde el caso Wanninkhof, en que se condenó por asesinato a una mujer inocente, al caso del asesinato de dos ertzainas en Itsasondo por el etarra Mikel Otegi, inicialmente absuelto y cuyo juicio hubo de repetirse por mandato del Constitucional, pasando por el caso Camps, en que la sentencia exculpatoria fue el evidente producto de la presión ambiental.

Pero lo más grave es que la institución no goza de prestigio alguno: ni los ciudadanos sentimos la menor disposición a participar en este engorrosa servidumbre, ni los reos creen que se hará mejor Justicia con ellos si quien sentencia es un jurado popular.

Por añadidura, los expertos aseguran que los veredictos de los jurados no están en general suficientemente motivados, entre otras razones porque el artículo 61 de la ley vigente tan sólo exige al jurado una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.

Por la naturaleza grave de los delitos, los juicios con jurado suelen ser aparatosos, y el hecho de que se utilice este procedimiento para dictar el veredicto acentúa la curiosidad mediática.

Estos días se está juzgando en Córdoba el caso Bretón, un verdadero acontecimiento que las cadenas de televisión explotan con morbosa delectación, en pos de la audiencia. Sin duda, esta situación hace difícil la labor de los jurados (que en teoría no deben sufrir presión ni influencia alguna) y contribuye a desacreditar la institución.

Así las cosas, parecería lógico revisar esta figura jurídica, tras un balance de resultados. Y aunque en muchos casos se han producido veredictos y sentencias de indudable calidad técnica y de gan solvencia, probablemente el balance no será del todo positivo. A tiempo estamos de volver atrás.

Enlace: Versiones On Line 1, 2, 3 y 4

El fracaso del jurado
Por Antonio Papell

Publicaciones: Que!, ABC.es, El Correo y Diario de Mallorca

20 de junio de 2013

España: La Policía teme que la calle influirá en la condena por el "caso Bretón"

Por Diario de Burgos.es

Diario de Burgos

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La principal dificultad para llevar a cabo esta causa es que el juicio mediático ya condenó al acusado hace mucho tiempo, y es muy posible, como sostiene el Sindicato Unificado de Policía, que el jurado popular, del que sólo se sabe que lo conforman siete mujeres y dos hombres, esté totalmente influido por el seguimiento periodístico que se ha ido haciendo de esta tragedia, ya que la defensa sigue insistiendo en que los niños están vivos y raptados.

Así, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, alertó de que «el juicio que se está produciendo en la calle influirá en la sentencia sobre José Bretón». Por ello, recalcó que debería ser un jurado profesional quien juzgara el caso.

Enlace: Versión On Line

Diario de Burgos.es

España

17 de junio de 2013

España: Nadie quiere ser jurado de Bretón

Por La  Razón.es

La Razón.es
España

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Arranca en Córdoba el juicio por uno de los casos que más han estremecido a la opinión pública en los últimos años. A José Bretón se le acusa de dos delitos de asesinato con agravante de parentesco por los que la Fiscalía pide 40 años de cárcel. Hoy se elegirán los nueve miembros del jurado popular, así como dos reservas, de un total de 36 personas seleccionadas. De ellas, 12 personas argumentaron ya diferentes motivos para no tener que ser miembros del jurado popular durante el trámite de excusas. Un protocolo «previo al juicio, en el que se cita a los candidatos para determinar si se admiten o no las excusas», explica el abogado Fernando Pomo.

¿Se admitirán las excusas? Hoy se despejará la duda cuando acudan al juicio, pero son al menos 20 los que acudirán a la Audiencia de Córdoba, ya que, de lo contrario, se habría procedido a un nuevo sorteo. Lo que sí se sabe es que se descartó, hace ya un mes, a tres personas: una por fallecimiento y dos por tener más de 65 años. Y es que tener esa edad es una de las siete excusas permitidas para no actuar como jurado. Otras son: tener la residencia en el extranjero, los que sufran un grave trastorno por tener cargas familiares, los que ya hayan sido jurado cuatro años antes, los que desempeñen trabajo de interés general, los militares en activo cuando concurran razones de servicio, y los que acrediten suficientemente cualquier otro motivo que les dificulte el desempeño de la función del jurado. Ésta última es la excusa que muchos intentan alegar cuando les toca. En ocasiones, se consigue. Por ejemplo, el diseñador José Luis Medina, de Victorio & Lucchino, logró hace diez años que la Audiencia de Sevilla le excusara de formar parte de un jurado popular por su actividad profesional y los perjuicios que le podría ocasionar.

No hay tradición juradista

«En España no hay tradición juradista», asegura el abogado Joaquín Moeckel, que coincide con el resto de abogados consultados. «La gente –prosigue– no quiere ser jurado y el que quiere serlo resulta muy peligroso, quiere impartir justicia como si fuera un ''justiciero''». «De ahí que los acusados suelan intentar evitar el jurado popular porque saben que están condenados de antemano», añade Moeckel.

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Nadie quiere ser jurado de Bretón
Por Belén Tobalina

Publicación: LaRazón.es - España

17 de junio de 2013

España: Wanninkhof, Marta del Castillo, Tous... otros casos polémicos con jurados populares

Por teinteresa.es

Publicación teinteresa.es

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Buena parte de los juristas desconfían de la imparcialidad y eficacia de los jurados populares.

En teoría, quienes forman parte de éstos deberían no estar intoxicados sobre el caso, mostrarse igual de críticos y benevolentes con los argumentos de ambas partes, ser ecuánimes y guardar después el secreto. En la práctica, los acusados que se enfrentan a un jurado popular tienen un pie dentro de... la culpabilidad: El 86% de los casos juzgados por jurados populares terminaron en declaración de culpabilidad frente al 54% de los juzgados por jueces, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El caso más evidente de error de un jurado popular en España se debió al caso del asesinato de Rocío Wanninkhof. El 9 de octubre de 1999 Dolores Vázquez es condenada por el asesinato de la joven por un jurado popular con siete votos de culpabilidad y dos de no culpabilidad. La resolución era de la Audiencia Provincial de Málaga. A Dolores Vázquez se le condenó a 15 años de prisión por el asesinato con varios agravantes. Los medios de comunicación y la opinión pública había condenado ya previamente a Dolores Vázquez.

En 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio al considerar que la sentencia no estaba suficientemente argumentada y designó otro jurado popular para repetir el juicio. Resultó inocente después de que se comprobara que el ADN de una colilla era el mismo que el que se hayó en el caso del asesinato de Sonia Carabantes, otra joven muerta de forma violenta en Andalucía. Y al final terminó siendo detenido un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King.

En el caso de Marta del Castillo el Tribunal Superior de Justicia andaluz indicó que el objeto que perseguía el imputado fue la violación y no el asesinato, así que determinó que fuera un jurado profesional quien lo juzgara, al no tener competencias el popular para enjuiciar las agresiones sexuales. Carcaño fue condenado por asesinato, pero absuelto de la violación. Cabe imaginarse cómo hubiera sido la sentencia si en este caso lo hubiera juzgado un jurado popular.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó repetir el juicio contra el yerno de la familia de joyeros Tous, Lluís Corominas, al estimar el recurso que presentó la acusación particular y la Fiscalía. La razón de la orden fue que la sentencia anterior, dictada por un jurado popular, fue "arbitraria".

El Tribunal Constitucional ha ordenado la suspensión de la repetición del juicio al yerno de la familia Tous que debía iniciarse el próximo lunes día 10 de junio. La suspensión se mantendrá hasta que el TC resuelva el recurso que presentó el yerno contra la decisión de repetir el juicio.

Más tarde, el pasado 22 de enero el Tribunal Supremo rechazó el recurso que Lluís Corominas presentó contra la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anulando el veredicto del jurado popular que le absolvió. Tanto el TSJC como el Supremo consideran que la decisión del jurado no estuvo suficientemente fundada, al apreciar en el caso circunstancias que, según ambas instancias, nunca se acreditaron, como las de que el acusado actuó a la vez en legítima defensa y presa de un miedo insuperable.

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Publicación: teinteresa.es

17 de junio de 2013

EE.UU.: Casi imposible un jurado imparcial en juicio contra George Zimmerman

Por Hola Ciudad!

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Después de un metódico primer día de selección del jurado en el juicio por el asesinato de Trayvon Martin, una cosa quedó en claro: incluso las personas que dicen poner poca atención a las noticias han oído sobre la muerte en 2012 del adolescente afroamericano desarmado de Miami Gardens.

Este martes los fiscales y abogados defensores de George Zimmerman entrevistarán por segundo día a potenciales jurados para el renombrado caso. La alta cobertura mediática del suceso está dificultando la tarea de selección de un equipo definitivo de jurados que sea lo más imparcial posible (SIC) frente a las características del caso.

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Hola Ciudad!

11 de junio de 2013

Nicaragua: Veredicto de jurado sorprende en juicio

Por La Prensa

La Prensa - Nicaragua

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Atónitos se quedaron los asistentes en un juicio oral y púbico que hoy se realizó en la sala Distrito Penal del Juzgado de la ciudad de Somoto, en Madriz, por el caso de homicidio ocurrido el 23 de febrero de este año en contra de Holman Ramón Castillo González, de 32 años, al momento en que un Jurado de Conciencia declaró no culpable al campesino José Isabel Guillén Herrera, de 70 años, señalado de ser el presunto autor del crimen.

A eso de las 3:15 de la tarde el Jurado de Conciencia (compuesto por tres hombres y dos mujeres) emitió su veredicto de no culpabilidad de don José Isabel Guillén, seis horas después de realizado el juicio oral y público, lo que provocó sorpresa en los presentes en la sala del juzgado de Somoto.

Ante el veredicto, un grupo de familiares y amigos de la víctima reaccionaron airadamente en las afueras del viejo Complejo Judicial e impidieron por un tiempo la salida de los cinco integrantes del jurado de conciencia, hasta que una patrulla policial de varios agentes, encabezado por el segundo jefe de esa institución, el comisionado Juan Manuel Chávez, llegaron a restablecer el orden.

Uno de los mayores sorprendidos con el veredicto de no culpabilidad fue el judicial Erick Laguna Averruz, quien unos minutos antes de la lectura fijaba en su agenda el día en que daría a conocer la pena que impondría al acusado Guillén Herrera.

El Fiscal Penal del Ministerio Público en Madriz, el Doctor Nelson López, se mostró también sorprendido por el fallo del jurado y dijo que era inaudito que con todas las pruebas presentadas en el juicio por los peritos policiales, el médico forense y de los testigos, el tribunal de conciencia haya fallado de esa manera.

El caso

La noche del 23 de febrero, los habitantes del sector (barrio) número 3 de la ciudad de Somoto, en Madriz, fueron sorprendidos por la muerte de Holman Ramón Castillo, quien recibió una estocada de cuchillo a la altura del cuello propinada por el campesino José Isabel Guillén Herrera, quien en estado de ebriedad alegaba la acción por el hurto de una mochila.

Don José Isabel, quien nació en la comunidad de San Juan de Somoto, en el municipio de Somoto, aseguró a los periodistas un día después de ser detenido que jamás pretendió matar a Holman, “solo recuerdo que le lance una estocada a un hombre, pero no pensé que lo mataría”, dijo.

Pero quien le había hurtado la mochila a don Isabel fue un sujeto identificado como Marvin Escalante, quien posteriormente la entregó a la Policía. El abogado defensor de Guillén, Holman Alexander Morales, dijo que su cliente era inocente del homicidio porque no fue un hecho que cometiera de manera premeditada sino que ocurrió accidentalmente. 

“Lo que pasó fue que a él le habían hurtado su mochila y se dio una confusión que provocó la tragedia”, indicó el abogado que defendió a José Isabel Guillén, quien ayer mismo recobró la libertad, después de más de tres meses de estar detenido.

El Fiscal Penal del Ministerio Público en Madriz, el Doctor Nelson López, se mostró también sorprendido por el fallo del jurado y dijo que era inaudito que con todas las pruebas presentadas en el juicio por los peritos policiales, el médico forense y de los testigos, el tribunal de conciencia haya fallado de esa manera.

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Veredicto de jurado sorprende en juicio

Por William Aragón Rodríguez

La Prensa - Nicaragua
4 de junio de 2013

España: No hay perdón para Dolores Vázquez

Por El País

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Catorce años después de un asesinato que no cometió, Dolores Vázquez vive refugiada en una pequeña localidad al este de Londres, donde trabaja para una empresa de transportes gestionando el horario de los repartidores.

De no haber aparecido el verdadero culpable del crimen de Rocío Wanninkhof y de haberse ratificado su condena, Dolores habría cumplido 15 años de cárcel y estaría ahora a punto de salir en libertad. Sin embargo, habría que preguntarse sobre la clase de libertad que ha disfrutado en todo este tiempo.

Hace unas semanas apareció por Madrid para intervenir ante una audiencia de juristas, jueces, fiscales y abogados, organizado por la Fundación Pombo, la Universidad Carlos III y la Fundación Wolters Kluwer. Era un acto sobre presunción de inocencia y juicios paralelos. Dolores daba la cara ante representantes del sistema que la ha maltratado desde hace 14 años y que no ha sabido como pedirle perdón.

Su intervención no duró más allá de cinco minutos. Fue un discurso emocionado porque le cuesta reprimir las lágrimas. Ella tan fría, tan exigente, tan disciplinada, tan británica (hija de emigrantes gallegos se crio y educó en Epson) es un mar de lágrimas.

Una amargura infinita inunda su cuerpo. En el último estudio psiquiátrico al que ha sido sometida, el especialista valoraba con números el daño que ha sufrido: le asignó un valor 35, cuando 100 es el de una persona normal. Dolores es ahora un 35% de sí misma.

En esos cinco minutos, Dolores pasó por encima de su calvario y dijo lo que quería decir desde hace mucho tiempo: “Todavía, nadie me ha pedido perdón”. Su causa está en el Supremo a la espera de una sentencia definitiva que fije a cuánto debe ascender la indemnización a que tiene derecho por el error.

El proceso tiene su complicación porque, en medio de la reclamación (solicita cuatro millones de euros), el Supremo ha cambiado de criterio a consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le beneficiaría.

Pero Dolores no tiene suerte: su reclamación es anterior al cambio de criterio y no puede modificarla porque estaría prescrita. La Abogacía del Estado ha puesto precio a su dolor: le corresponden 62.280 euros por haber estado 519 días por error en la prisión.

Su vida es una cárcel sin rejas. Antes de marcharse al Reino Unido pasó alguna temporada en Galicia, donde vive una de sus hermanas, hasta que comprobó que detrás de todas las ofertas de trabajo que podía recibir había alguna doble intención.

Vivía como si tuviera que justificar cada paso. No descuelga el teléfono salvo para media docena de personas. Y, aun así, le cuesta mantener una conversación porque no puede evitar la sospecha de que es intervenida.

Al menos, ahora, no memoriza la matrícula de los vehículos que van detrás de ella, ni anota en un papel los lugares y las horas por donde transita cada día.

Dolores Vázquez fue víctima de un juicio paralelo en el que se le declaró culpable. Fue el primer gran caso mediático del siglo XXI en España. Los detalles de la investigación y de la vida privada de los protagonistas recibieron una cobertura ilimitada, de tal forma que cuando se llegó al juicio con jurado popular la suerte parecía echada.

Pedro Apalategui, su abogado, recuerda que no hubo ninguna renuncia a ser miembro del jurado, hecho poco habitual. El fallo apenas estuvo argumentado.

Dolores todavía escucha el coro de voces de las presas de la cárcel de Málaga cuando anunciaban su nombre por la megafonía: “¡Asesina!, ¡asesina!”. También lo recuerda Pedro Apalategui, que hubo de renunciar a todos los sábados de su vida durante 17 meses “porque me di cuenta de que mi visita era el único nexo que ataba a Dolores a la cordura”.

La angustia de su cliente la llevaba a desconfiar de la compañera de celda que la habían asignado para protegerla del suicidio: Dolores pensaba que tenía el encargo de espiarla mientras dormía por si confesaba en sueños.

El caso se resolvió por una casualidad un 18 de septiembre de 2003. La compañera de Alexander King, un exconvicto británico que residía en la Costa del Sol, denunció a la policía que sospechaba de unas manchas de sangre en la ropa de su novio, días después de haber sido encontrada el cadáver de la joven Sonia Carabantes en Coín, un caso que levantó viejos recuerdos no sin razón.

Las muestras de ADN confirmaron que King mató a Carabantes y que sus huellas estaban también en una colilla al lado del cadáver de Rocío Wanninkhof.

El descubrimiento propició una de las habituales disputas entre cuerpos policiales que derivó en que King pasó a ser propiedad de la Guardia Civil, que llegó a montar una teoría conspirativa, según la cual Dolores Vázquez organizó varios asesinatos en la costa. Fue el aviso de un alto cargo policial el que permitió al abogado de Dolores desactivar el montaje.

Catorce años después, Pedro Apalategui sigue guardando en un cajón de su escritorio un objeto que no pudo utilizar en el juicio. Dolores Vázquez se lo prohibió desde la cárcel. Se trata de una libreta con pastas rosas que Rocío Wanninkof le regaló a Dolores Vázquez por su cumpleaños.

Tiene una dedicatoria manuscrita de Rocío: (“Eres una chica tan guapa, tan simpática, tan amable, tan bella, y tan gordita, que te he regalado esta libretita. Así te quiero tanto como este corazón y si no te quisiera se rompería como este. Para Loli de Rocío”) y el dibujo de tres corazones rojos, uno de los cuales está roto.

Durante meses se argumentó que Rocío Wanninkhof nunca aceptó a Dolores Vázquez y que ese rechazo pudo provocar el deseo de matarla. El móvil del odio fue uno de los elementos esenciales del caso. Una prueba que lo desmontaba se quedó guardada en un cajón durante 14 años, los mismos que Dolores Vázquez lleva vividos sin obtener el perdón que necesita.

Nos equivocamos

Mientras el Supremo decide sobre la reclamación de Dolores Vázquez, EL PAÍS buscó a quienes llevaron el peso de la instrucción, el fiscal Francisco Montijano, el juez Román González y los investigadores de la Guardia Civil. ¿Pedirían perdón? ¿Reflexionaron sobre los errores cometidos?

Sólo Montijano accedió a dar la cara. El juez González no se puso al teléfono y los investigadores de la Guardia Civil manifestaron su convencimiento de que no cometieron error alguno y que no debían pedir perdón. “Actuamos con la mayor honestidad posible”, dijo el fiscal Montijano. “No actué a título personal, pero lamento lo que ocurrió. Como miembro del aparato represor, sí hay que pedirle perdón”.

Montijano reconoce la carga mediática del caso. “Las voces de la calle tomaron partido y eso pudo ocasionar cierto vértigo. Los medios influyeron sobre los testigos y no se puede decir si fue para bien o para mal”.

“Fui el último”, añade Montijano, “que se convenció de que no había suficientes pruebas. Que no suene a disculpa”, señala. “La principal prueba fueron sus mentiras e hilamos una historia alrededor de esas mentiras, construimos una versión que era absolutamente coherente, que no tenía fisuras.

¿Perdimos la cabeza? Nos equivocamos, que es otra cosa. Entiendo ahora y comprendo que pida el perdón de alguien. Yo se lo podría pedir, pero también la Audiencia y el TSJ avalaron la prisión provisional. Todos formamos parte y ciertamente nos equivocamos en el sentido profesional”.

Nota del Editor: El que se equivocó fue el jurado popular. A nadie más corresponde la responsabilidad. El juez no la juzgó. El fiscal no la juzgó. La gente no la juzgó. La juzgaron doce personas que no supieron aplicar el "principio de inocencia". La culpa es del jurado (o más bien de los legisladores que han puesto en cabeza de doce personas una tarea para la cual no están preparadas).

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No hay perdón para Dolores Vázquez

Por Luis Gómez

El País - España
3 de junio de 2013

Nicaragua: Anulan juicio por anomalías de jurado

Por La Prensa

La Prensa - Nicaragua

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El juicio oral y público realizado el 8 de mayo en el juzgado de Distrito Penal en Ocotal, donde Marvin Antonio Pineda López, conocido como “Marvin Pupa”, fue declarado no culpable por el delito de falsificación de moneda, fue anulado a solicitud del Ministerio Público, que presuntamente demostró que “los jurados fueron infiltrados o tocados para inducir a un resultado en favor del procesado”.

La fiscal departamental, Yelena Shión, declaró que solicitaron la anulación del juicio a raíz de las investigaciones policiales. “Esa información la trabajamos y la corroboramos. Con eso promovimos el incidente de nulidad del veredicto, y la justicia decidió en audiencia anular el juicio y reprogramarlo con nuevo jurado para el próximo 14 de junio”, declaró la fiscal.

Insistió en que “no se trata de persecución, tal como lo ha declarado el procesado”, pues el Ministerio Público “lo que busca es que los jurados de conciencia se apeguen a las pruebas presentadas y no actúen como un jurado deshonesto...”.

Dice que es montaje

Marvin Pineda fue acusado por el delito de falsificación de moneda después de que la Policía le encontró el 4 de marzo 171 dólares falsos, en denominación de cien, que guardaba en una camioneta de su propiedad. En un allanamiento a su vivienda en Ocotal, supuestamente le encontraron material para falsificar billetes.

Pineda manifestó en medios locales que fue víctima de una estafa al vender una camioneta valorada en 22,000 dólares a dos personas, cuyos nombres tiene la Policía y añadió: “Es cierto que me capturaron con el dinero, pero en el momento que me capturan yo iba para el basurero a quemarlos”, argumentó tras señalar que también fue víctima de un montaje de la persona a quien vendió la camioneta porque también le dejó en su casa la mochila que la Policía encontró con papel cortado para la impresión de más billetes.

El comisionado Nixon Moran, jefe de Auxilio Judicial, manifestó que terceras personas habían tocado al jurado de conciencia y fue lo que influyó en el veredicto de inocencia, “eso se está convirtiendo en prácticas de algunos abogados en Ocotal”.

Añadió que después del juicio reprogramado para el 14 de junio, la Policía procederá a remitir al Ministerio Público las investigaciones completas de las personas que incidieron en la decisión del jurado y “será el Ministerio Público el que determine a quiénes y por qué delito acusará”.

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La Prensa - Managua - Nicaragua
Alina Lorio L.
1 de junio de 2013